Si tomamos en consideración los numerosos procesos judiciales que diversas empresas del sector enfrentan, junto a las infracciones cometidas y los delitos probados en distintos centros de cultivo, entendemos que lo que falta es mucho más que voluntad política: el problema de la salmonicultura es que su incumplimiento constante ha provocado la degradación de los ecosistemas donde opera y la falta de accountability del sector ha derivado en una importante crisis de confianza entre las comunidades y, probablemente, las autoridades.
No hace falta escarbar mucho para encontrar las razones por las que la industria no logra generar esas necesarias confianzas: noticias de sobreproducciones, contaminación de zonas costeras, falsificación de datos de mortalidad y morbilidad de sus peces, escapes de salmones, accidentes en sus operaciones e, incluso, algunos casos de fraude al fisco se han convertido en algo usual en este sector productivo.
Y esto no parece ser un hecho aislado o acotado a algunas “ovejas negras” en la industria, sino todo lo contrario; es una práctica tan extendida que si uno analiza, por ejemplo, el actuar de las tres empresas salmoneras más importantes del país (considerando sus exportaciones) en todas ellas encontraremos problemas e incumplimientos graves.
Casos que hablan por sí solos
En el primer semestre de 2025, AquaChile alcanzó ingresos por ventas de US$891 millones (un aumento de 6,6% respecto al mismo periodo de 2024), lo que la posiciona como la compañía líder en el país.
Esa buena noticia se vio eclipsada, sin embargo, por una investigación publicada a mediados de junio, donde se dio a conocer que la filial de Agrosuper estaría eludiendo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en 9 de sus centros ubicados al interior de áreas protegidas de la Región de Aysén. Aunque estos centros operan sin resoluciones de calificación ambiental (RCA) -por haber conseguido sus aprobaciones fuera del SEIA cuando este recién fue puesto en funcionamiento-, según el reporte de Fundación Terram, la empresa habría producido más de 73 mil toneladas de salmón, sobrepasando el máximo autorizado por la ley, sobre todo considerando que todo proyecto de acuicultura con una producción igual o superior a 35 toneladas anuales debe ser evaluado ambientalmente, incluso si no se rige por el sistema actual.
Cermaq Chile, la segunda mayor compañía en el país en términos de envíos al extranjero, no está exenta de problemas: luego que en 2019 Sernapesca descubriera un caso de virus ISA (anemia infecciosa del salmón) en uno de sus CES en Aysén, en octubre del año pasado la Corte Suprema confirmó la multa impuesta a la compañía por considerar que las acciones que esta adoptó fueron insuficientes (el fallo indica: “(La compañía) debió supervigilar el trabajo como principal obligada, esto es, velar por que la inspección sanitaria se aplicara efectivamente a todas las jaulas”).
La tercera mayor exportadora de salmones del país es Multi X, una empresa que se ha visto involucrada en varios casos de sobreproducción, siendo uno de los más recientes el registrado en la Reserva Nacional Las Guaitecas en Aysén (también un área protegida) donde se registró una sobreproducción de alrededor de 10 mil toneladas de salmones durante cinco ciclos productivos, lo que provocó una importante degradación del ecosistema marino, evidenciando incluso la existencia de condiciones anaeróbicas en el CES en cuestión.
Un llamado a la coherencia y cumplimiento en la salmonicultura
Lamentablemente, lo que ocurre con el top tres de las compañías más “exitosas” de esta industria se extrapola a varias más: conocidas son las infracciones de firmas como Cooke Aquaculture, Nova Austral, Mowi, Australis o Blumar, entre tantas otras.
Por eso es tan grave que, considerando este nefasto historial, candidatos presidenciales, parlamentarios o líderes de opinión hagan llamados a apoyar con más decisión a esta industria. O, lo que es aún peor, a desregular para que la salmonicultura pueda tener chipe libre en el país, aun cuando en reiteradas ocasiones se habría demostrado que la legislación no ha sido impedimento para que el sector haga lo que le plazca.
Cuesta entender también las palabras de María Olivia Recart -subsecretaria de Hacienda en el primer gobierno de Bachelet- quien en el marco del Salmón Summit expresó que el mismo orgullo que sentimos por nuestros parques nacionales “debemos sentir por nuestras industrias minera y salmonera”. ¿Cómo enorgullecernos de una industria que miente, engaña y contamina? ¿Cómo darle el beneficio de la duda a un sector que no reconoce sus errores ni busca mejorar sus operaciones de verdad?
No basta con incorporar tecnologías o destinar enormes sumas de dinero a estrategias de marketing corporativo, el verdadero aporte que la salmonicultura le debe al país es cumplir íntegramente con la ley y castigar de manera implacable a aquellas empresas y/o ejecutivos que no lo hacen. La oportunidad que tienen las industrias de desobedecer las normativas vigentes, para luego ser “invitados” constantemente a volver al cumplimiento es un privilegio que los ciudadanos de a pie no tienen y del que las empresas han abusado largamente.
Para que esta industria crezca, lo que falta no es voluntad política, como señaló el señor Clement, lo que se necesita es que, de una buena vez, este sector tenga la voluntad de cumplir con la ley, con las comunidades y con Chile.