Luego de que la Contraloría detectara más de 200 millones de pesos en pagos injustificados en la municipalidad de Independencia durante la gestión de Gonzalo Durán, el actual delegado presidencial se defendió.
Consultado por La Radio, Durán aseguró que la responsabilidad es de la Dirección de Control Interno de la municipalidad.
“Se pagaron las remuneraciones durante largo tiempo, sin que hubiese observación alguna por parte de la Dirección de Control Interno que es la responsable de su validación”, sostuvo Durán.
Contraloría estableció que se desembolsaron más de 200 millones en bonificaciones carentes de sustento legal en la Dirección de Educación Municipal (DAEM).
Entre 2022 y 2024 la jefa de la DAEM recibió más de 80 millones en remuneraciones indebidas.
En tanto, el resto se destinó a asignaciones irregulares para directores de establecimientos de la comuna, por un monto que superó los 120 millones de pesos.
De acuerdo con un reportaje de T13, tras conocerse estas anomalías fue desvinculado un funcionario municipal que había realizado una auditoría interna del periodo entre 2017 y 2024, en el que se detectaron sobresueldos y pagos adicionales sin respaldo normativo.
En noviembre del año pasado, la Contraloría abrió una investigación sobre su despido.
El informe final del ente contralor advirtió falta de control y supervisión en el sistema de remuneraciones de la DAEM. También constató el uso irregular de claves de acceso, registrándose más de treinta y un mil operaciones incluso cuando la encargada de remuneraciones estaba con licencia médica o feriado legal.
Agustín Iglesias ya había denunciado falta de fiscalización
Agustín Iglesias, actual jefe comunal de Independencia, acusó falta de control en la anterior administración y aseguró que el ahora delegado presidencial de la región Metropolitana no tomó medidas al respecto.
“Todos tienen que pagar las responsabilidades que les corresponden. Estaban los datos sobre la mesa, era bastante evidente lo que pasaba”, comentó.
Además, aclaró que esta situación ya se había denunciado cuando Iglesias era concejal. “El informe de Controlaría hoy día lo único que hace es demostrar y comprobar que quienes advertimos sobre esta situación en el pasado teníamos razón”, complementó.
En la misma línea, la diputada de Demócratas por el distrito 9, Erika Olivera, subrayó que es deber del jefe comunal resguardar el uso correcto de los recursos públicos.
“Estoy convencida que la autoridad máxima de un municipio tiene el deber De supervisar y de velar porque los recursos públicos se utilicen correctamente”, sostuvo.
Por su parte, la jefa de la DAEM, Claudia Carrillo Figueroa, negó la existencia de estas irregularidades.