Este martes, la Fiscalía Metropolitana Centro-norte presentó la acusación fiscal en contra de Daniel Jadue por su rol en el caso en la Asociación Chilena de Municipalidades de Farmacias Populares (Achifarp).
En concreto, el exalcalde de Recoleta arriesga una pena por más de 18 años de cárcel y la inhabilidad de cargos públicos.
De acuerdo al Ministerio Público, Jadue es imputado por delitos reiterados de fraude al fisco, estafa, cohecho y un delito concursal previsto en el artículo 463 del Código Procesal Penal.
El detalle de delitos
Al ex jefe comunal se le acusa por fraude al fisco, por lo que arriesga una pena de 12 años de presidio, una multa de 8.787 UTM (la mitad del daño causado) y 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
En cuanto a la estafa, se pide una pena de 3 años y 1 día de presidio menor y una multa de 21 UTM.
Mientras que por el delito de cohecho, la pena solicitada es de 820 días de reclusión menor, una multa de $19.000.000 y 5 años de inhabilitación.
Finalmente, para el delito concursal, Fiscalía pide una pena de 541 días de presidio menor.
La investigación, que ha durado más de cuatro años, podría tener un impacto significativo en el futuro político de Jadue, inhabilitándolo para futuras candidaturas al Congreso.
El futuro político de Jadue
La presentación de esta acusación pone en jaque los futuros planes políticos de Jadue. Esto es especialmente relevante si su calidad procesal cambia de imputado a acusado, ya que en ese caso su situación tendrá que ser resuelta por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).
La Fiscalía no podrá presentar la acusación formal hasta que la investigación se cierre. Esta acción es clave para Jadue, considerando los plazos de inscripción de candidaturas:el 18 de agosto vence el plazo para inscribirlas y el 28 de agosto el Servel cerrará el padrón electoral.
Además, cabe destacar que la Constitución, en su artículo 16, indica que un ciudadano puede perder su derecho a voto “por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva”.
Otros imputados en el caso Farmacias Populares
Junto a Jadue, el organismo también acusó a otros individuos por su participación en el caso Farmacias Populares.
José Muñoz Becerra, quien enfrenta cargos por fraude al fisco, cohecho, malversación de caudales públicos, delito concursal y lavado de activos. Por su parte, Raúl Moraga Lagarrigue, María Chadwick Sendra y Eduardo Sendra Arratia acusados de fraude al fisco. Finalmente, Álvaro Castro Robles fue imputado por cohecho.