El 6° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago absolvió al mayor de Carabineros Gonzalo De La Costa del delito de apremios ilegítimos, dos de lesiones graves y dos de disparos injustificados en la vía pública, todos acontecidos el año 2019 y 2020, respectivamente, en el marco del estallido social.
El primer hecho investigado por la Fiscalía Sur da cuenta de un procedimiento policial en que participó el uniformado en la comuna de San Joaquín, región Metropolitana, el 19 de octubre de 2019, donde detuvo a un grupo de personas tras un saqueo acontecido en un supermercado ubicado en calle Llico.
Fue en este contexto que, según los persecutores, el funcionario de Carabineros habría ejecutado 15 disparos hacia un grupo de personas, resultando una de ellas con lesiones de carácter graves, consistentes en una fractura expuesta por bala en el pie derecho.
De acuerdo con lo determinado por el tribunal, en este caso se acreditó la legítima defensa por medio de las pruebas presentadas.
El abogado de la Defensoría Penal Pública y representante de Gonzalo de la Costa, Juan Pablo Gómez, valoró el dictamen que incluso determina que el Ministerio Público sea condenado en costas, por considerarse una tramitación infundada.
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El segundo hecho tiene relación con una situación que se remonta al 2 de marzo de 2020, cuando De La Costa ejercía labores como Oficial de Ronda de la Prefectura Sur.
Aquella jornada, el uniformado concurrió al exterior de la 50° Comisaría de San Joaquín -lugar donde desarrollaba funciones- y efectuó un disparo hacia la vía pública, en momentos en que se pretendía atacar la unidad policial.
Fue en ese contexto en que se presenta una niña de 12 años herida en un glúteo y muslo por un disparo. Sin embargo, no se pudo probar que este haya sido el que percutó De La Costa, quien valoró la sentencia absolutoria.
Ministerio Público fue condenado en costas
El uniformado dijo que fueron 6 años de duros cuestionamientos a su labor, lo que generó que su carrera policial fuese truncada, pese a su intachable historial en la institución.
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A partir de hoy, el Ministerio Público tiene cinco días para apelar la condena en costas. En tanto, los querellantes y persecutores tienen 15 para apelar una nulidad ante el tribunal de alzada.