La justicia impuso una condena de cinco años de presidio a una mujer boliviana, la cual fue sustituida por la expulsión del país, tras ser declarada culpable de tráfico de drogas en el terminal de buses San Borja, en Estación Central.
El fallo del tribunal fue unánime. La imputada fue condenada como autora del delito consumado de tráfico de drogas. Posteriormente, se sustituyó la pena de cárcel por la expulsión del territorio nacional, la cual debe ejecutarse dentro de un plazo de 30 días desde la notificación de la resolución.
Por este motivo, permanecerá internada y bajo custodia de Gendarmería hasta su salida del país.
Una vez expulsada, no podrá regresar a Chile durante diez años. En caso de volver antes del plazo establecido, deberá cumplir el resto de la condena que le fue impuesta originalmente.
Mujer boliviana es expulsada de Chile por tráfico de drogas
El delito ocurrió cerca de las 13:30 horas del 1 de octubre de 2023, dentro del terminal de buses San Borja. En el lugar, fue sorprendida portando tres paquetes envueltos con cinta de embalaje al interior de una mochila.
Los paquetes contenían una sustancia en polvo de color blanco. La prueba de campo arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso bruto de 3,294 kilogramos.
Respecto a la sanción, el tribunal rechazó la petición principal de la defensade aplicar la pena de libertad vigilada intensiva. Según el informe social presentado, la acusada no cuenta con redes familiares en Chile, ya que sus hijos residen en Bolivia.
Aunque se indicó que trabajaba informalmente como asesora del hogar, la imputada declaró que no logró encontrar empleo al ingresar al país y que, por esa razón, aceptó transportar la droga. Para los jueces, estos elementos representan un riesgo de reincidencia y hacen inviable una medida alternativa como la libertad vigilada.
En cambio, se accedió a la petición subsidiaria de la defensa: sustituir la pena privativa de libertad por la expulsión del territorio nacional. Esto se fundamenta en que se cumplen los requisitos legales para aplicar esta medida, considerando que la condena es de cinco años y que la acusada no reside de manera regular en el país.
Además, la forma en que ingresó a Chile no influye en la decisión, ya que la ley no lo considera un factor relevante.