La cuestionada funcionaria de la Corporación Cultural de Ñuñoa, que recibió una millonaria indemnización tras presuntamente pactar una cláusula especial con el exalcalde de la comuna, Andrés Zarhi, regresó al municipio un mes después del inicio de la gestión de Sebastián Sichel.
Si se revisa la Transparencia Activa de la corporación, la trabajadora Verónica Farfán aparece con un contrato indefinido con fecha de inicio del 9 de diciembre de 2024, en el cargo de Jefa de Vinculación Medio.
Sin embargo, consultados por BBCL, desde el municipio de Ñuñoa indicaron que la fecha de contratación fue el 10 de enero de 2025.
La historia de la funcionaria de la Corporación Cultural de Ñuñoa que vuelve al municipio con Sichel
Todo se remonta, según una querella de febrero de 2024 por parte de la CDE contra Farfán, Zarhi y otros exdirectivos publicada por Ciper, a una solicitud de la exalcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos.
La exalcaldesa, en su calidad de concejal, pidió una copia de los contratos de los directivos de las corporaciones municipales y del secretario general.
En ese entonces, Verónica Farfán era la Directora Gerente de la Corporación Cultural de Ñuñoa.
Así, Farfán y otros funcionarios acordaron con Zarhi sus respectivos finiquitos, reservándose el derecho de demandar al empleador por despido injustificado y solicitar una indemnización en cualquier caso, lo que les permitió reclamar por vía judicial.
Además, incluyeron de manera indebida una indemnización sustitutiva, una indemnización por años de servicio y feriado proporcional, lo que resultó en un pago superior al que legalmente correspondía.
El 9 de julio de 2021, se finiquitó a Farfán con el pago correspondiente de poco más de $26 millones por sus ocho años de servicio. Posteriormente, ella presentó una demanda laboral contra el municipio, al que llegó en 2013 como subdirectora de Educación de la Corporación.
La funcionaria de Ñuñoa obtuvo un resultado judicial favorable, por lo que la corporación debió pagarle más de $43 millones y otros $22 millones por concepto de reajustes e intereses, alcanzando un total cercano a los $92 millones.
Ante este tipo de situación, desde Ñuñoa indicaron a BBCL que “las indemnizaciones en caso de despido de los contratos celebrados por la actual administración son los que corresponden por ley: un mes por año con tope legal“.