La alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, señaló que el megaproyecto "Egaña Sustentable" tendrá un gran impacto en las condiciones de vida de los vecinos de la zona y agregó que no está abordado en la declaración de impacto ambiental que la empresa presentó.

El Servicio de Evaluación Ambiental resolvió acoger parcialmente la reclamación que presentó la Inmobiliaria Fundamenta en contra de la resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región Metropolitana, que, en abril de este año, había calificado desfavorablemente el proyecto Egaña Comunidad Sustentable.

Situación que se da en el marco de una batalla entre la empresa, vecinos y la Municipalidad de Ñuñoa, quienes reclaman por los efectos negativos que provocará la construcción de esta iniciativa, que contempla cuatro torres de uso de vivienda y oficinas con una placa comercial en Plaza Egaña de la comuna de Ñuñoa.

Sin embargo, con esta nueva resolución, la empresa puede reiniciar sus obras y los opositores tendrán un plazo de 30 días hábiles para acudir al Tribunal Ambiental de Santiago.

La alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, señaló que el proyecto tendrá un gran impacto en las condiciones de vida de los vecinos de la zona y agregó que no está abordado en la declaración de impacto ambiental que la empresa presentó.

Desde Fundamenta, el gerente general, Pablo Medina, señaló que esta resolución será un antecedente importante para tener un fallo favorable en la Corte Suprema y reactivar este proyecto que contó con una inversión de 300 millones de dólares.

El proyecto también se está debatiendo en la Corte Suprema, donde el caso está en acuerdo. Esto luego que, en julio de este año, el máximo tribunal declarara admisible los recursos de casación presentados por Fundamenta, el Servicio de Evaluación Ambiental y vecinos del proyecto en contra de la sentencia del Tribunal Ambiental de Santiago, que resolvió -el año pasado- retrotraer su estudio y revisar el impacto de las sombras que generarían los edificios.

En este caso, todas las partes quieren que se anule esta sentencia. Los vecinos quieren que se rechace el proyecto, mientras que la autoridad ambiental y la inmobiliaria buscan que la resolución de calificación ambiental sea validada por la Corte Suprema.