El organismo fiscalizador detectó que para la contratación de Espacio Riesco la subsecretaría de Redes Asistenciales no realizó un estudio para barajar “distintas opciones de inmuebles”. Asimismo, se estableció que la repartición no esperó una minuta del Ministerio de Bienes Nacionales para saber qué espacios públicos se encontraban disponibles. También se detectó falta de acreditación en el pago de partidas que el Servicio de Salud Metropolitano Norte no pudo justificar. El entonces subsecretario Arturo Zúñiga señaló que se “estaba actuando contra el tiempo y hacer un proceso normal de licitación que implicaba un retraso de 3 meses era imposible pensando en las necesidades de camas”.
La Contraloría General de la República (CGR) instruyó la apertura de un sumario administrativo al interior de la subsecretaría de Redes Asistenciales, tras finalizar una auditoría a los contratos de arriendo y habilitación del Centro Hospitalario Huechuraba, recinto de salud implementado al interior de Espacio Riesco a inicios de la pandemia por Covid-19, entre el 1 de febrero de 2020 y el 20 de agosto de 2021.
En concreto, el organismo fiscalizador detectó que Redes Asistenciales, liderada en ese entonces por el exconstituyente Arturo Zúñiga (UDI), no “acreditó haber realizado un estudio de evaluación de distintas opciones de inmuebles sobre la base de criterios técnicos, objetivos y formales, en el proceso de búsqueda y selección de recintos para el funcionamiento de un hospital de emergencia, en forma previa a la contratación del Centro de Convenciones Santiago S.A.”.
Según detalles del Informe 452/2020, del 14 de julio del 2022, al que tuvo acceso La Radio, el proceso de búsqueda para el recinto de emergencia comenzó el 13 de marzo de 2020, con una visita a la explanada del ex aeropuerto de Cerrillos, donde a fines de 2019 se iba a desarrollar la COP 25. Asimismo, también se coordinó con funcionarios de la PDI y de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos una visita para el 14 de marzo a tres hangares en desuso.
Ese mismo 14 de marzo se realizó una visita a Espacio Riesco, con el fin de “continuar con la búsqueda de recintos que cumplieran con los requisitos necesarios para estos fines”. En ese sentido, agrega el documento, fue a contar del 15 de marzo, al día siguiente de la inspección, que se comenzaron a realizar “acciones de coordinación entre el personal de la sociedad Centro de Convenciones Santiago S.A., y funcionarios de la aludida subsecretaría para la habilitación del hospital de emergencia”.
Lo anterior, subraya la CGR, sin haberse recibido por parte del Ministerio de Bienes Nacionales (MBN) un informe con la disponibilidad o no de inmuebles públicos. En la documentación examinada por el organismo que dirige Jorge Bermúdez se expone que la minuta de Bienes Nacionales informando aquello fue evacuada recién el 24 de marzo. En ese entonces las conversaciones entre la subsecretaría y el recinto privado iban encaminadas.
“Se pudo constatar que la subsecretaría de Redes Asistenciales no dispuso de un instrumento por escrito, debidamente formalizado que determinara, entre otros aspectos, la organización interna y metodológica para cumplir con el objetivo de buscar y seleccionar un inmueble que pudiese habilitarse como hospital de emergencia”, consigna el documento. De la misma forma, tampoco se contó con información “ordenada, completa y fidedigna que permitiese acreditar el debido registro, trazabilidad y control del proceso de levantamiento y búsqueda de opciones de terrenos disponibles”. Este punto fue el que generó la incoación de dicho procedimiento administrativo.
En su contestación a la Contraloría, la subsecretaría de Redes Asistenciales señaló que para comprender la contratación de Espacio Riesco era necesario tener presente el “contexto fáctico y normativo que dio origen a la celebración del contrato de arrendamiento”. Junto a esto, también argumentaron que ante el avance de la pandemia el Presidente Sebastián Piñera declaró Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública.
Bajo este contexto formularon que una de las principales “estrategias abordadas por la subsecretaría de Redes Asistenciales fue la de habilitar camas clínicas a fin de reforzar la infraestructura de salud y ampliar la Red Asistencial, y autorizar provisoriamente hospitales de implementación acelerada, como también, inmuebles que no estaban autorizados como establecimientos asistenciales, todo lo cual podía llevarse a cabo en uso de las facultades excepcionales otorgadas a la subsecretaría de Redes Asistenciales”.
Pese a los planteamientos esgrimidos por la subsecretaría, la Contraloría General de la República determinó que los antecedentes “no logran desvirtuar la objeción formulada, y que no se acredita para el proceso de búsqueda, selección y contratación del recinto Espacio Riesco para funcionar como hospital de emergencia, un estudio con la evaluación de distintas opciones de inmuebles, sobre la base de criterios técnicos, objetivos y formales, para el resguardo del patrimonio público”.
Las otras observaciones
Pero esto no es todo. Junto a la falta de análisis para la contratación de dicho centro de eventos, materia del sumario, la CGR también detectó la falta de acreditación en el pago de partidas por un monto de $79.409.721, IVA incluido, ya que el Servicio de salud Metropolitano Norte no aportó información que diera cuenta los servicios se ejecutaron en los periodos establecidos.
Por ejemplo, se objetó el pago del mes de abril de 2020 de la partida “arriendo y mantención por sistema eléctrico” por $13.025.328. Lo mismo ocurrió con la partida “arriendo de 1 equipo -de extracción de aire- con operación 24/7 capas contenedor paciente” del mes de junio de 2020 por un total de $5.514.706. Otra partida objetada fue la de “arriendo de 2 equipos con operación 24/ área administrativa Nivel 0, con filtros” correspondiente al mes de junio de 2020 por $11.161.765.
Consultado por La Radio, el exsubsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, sostuvo que “primero recordar que los contratos con Espacio Riesco fueron tomados de razón por la Contraloría y el pago se ajustó a lo indicado por esta”. Asimismo, recalcó que “en Espacio Riesco trabajaron más de 500 funcionarios de la salud durante más de 90 días en el periodo más difícil de la pandemia”.
Sobre la falta de estudio, el exconvencional argumentó que “se realizaron cotizaciones en dos recintos adicionales y se revisaron las condiciones de otra decena. Condiciones muy exigentes ya que fue un lugar que se transformó en un hospital donde se salvan vidas”. A renglón seguido defendió que se “estaba actuando contra el tiempo y hacer un proceso Normal de licitación que implicaba un retraso de 3 meses era imposible pensando en las necesidades de camas”.
Cristóbal Osorio, del estudio jurídico Osorio Vargas & Abogados, señala que la situación descrita por la Contraloría es un “error grave” del Ministerio de Salud de la época. “En el presente caso hay responsabilidad administrativa de los funcionarios que dañaron el patrimonio fiscal, la que debe ser determinada mediante sumario administrativo”, dice. De la misma forma agrega que “una emergencia como la del Covid-19 no puede ni debe ser excusa para el cumplimiento de la labor administrativa y de tener a buen recaudo el patrimonio de todos”.
