Fiscal Héctor Barros | Sebastián Brogca | Agencia UNO
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Admitieron a trámite una querella presentada por el allanamiento al partido Comunes, donde dos fiscales serán investigados por los delitos de vejación injusta y violación del secreto que se habrían cometido a raíz del operativo.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admitió a trámite una querella patrocinada por el abogado Luis Mariano Rendón por el allanamiento a la sede del partido Comunes.
Todo nace a raíz del procedimiento ordenado por la Fiscalía Sur y realizado por el GOPE de Carabineros, que realizó un allanamiento armado en la tienda política, por la investigación de oficio iniciada contra Karina Oliva y posibles irregularidades en la rendición de los gastos de su campaña a gobernadora.
Rendón presentó la acción judicial contra quienes resulten responsables de los delitos de vejación injusta y violación de secreto, ya que a su juicio el procedimiento fue desproporcionado y además habría sido alertado a medios de comunicaciones que llegaron al lugar justo antes de la entrada de los uniformados.
En la querella se pide investigar al fiscal regional Sur, Héctor Barros; y su colega de la misma zona, Milibor Bugueño, por lo que Fiscalía deberá asignar un persecutor para llevar la indagatoria.
El abogado dijo estar satisfecho con la determinación, señalando que “es fundamental que se investiguen los casos de corrupción que puedan haber existido en el partido Comunes, pero eso debe hacerse con estricto apego a la ley y ello no puede ser pretexto para que fiscales inescrupulosos sean el medio para asestar golpes político-comunicacionales”
“La forma como se efectuó el allanamiento a la sede de ese partido fue diseñada para causar el mayor impacto posible en la opinión pública, en la víspera de una elección donde ese partido era parte de una coalición que llevaba candidatos a diputados, senadores, consejeros regionales y presidente de la República. El objetivo fue dañar a esa coalición completa. Para eso la operación se llevó a cabo en forma insólita, con una unidad antiterrorista del GOPE, en horario fuera del normal de oficinas, para asegurarse que no hubiera nadie y así tener pretexto para descerrajar y con toda la televisión presente, para que transmitiera a todo el país en directo. Ese tipo de abusos no puede volver a ocurrir, hay que pararlos desde un inicio para que no se perpetúen”, agregó.
Rendón había presentado otra querella por el mismo hecho, pero contra Carabineros, la que fue declarada inadmisible por el mismo tribunal.
