El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, realizó una declaración tras la presentación de una querella por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por eventual malversación de caudales públicos dentro de la Corporación Municipal de La Florida.

Este lunes se dio a conocer que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por la eventual malversación de caudales públicos en la Corporación Municipal de La Florida.

Ante esto, el alcalde de la comuna, Rodolfo Carter, realizó una declaración donde indicó que “nunca, en ningún momento han habido $20 mil millones perdidos y así lo ha establecido a Justicia fehacientemente y a través de una sentencia y de auditorias (del) Ministerio Público”, en la misma línea afirmo que también se hablaban de $8.350 millones de déficit, los que corresponderían a una deuda por arrastre.

Asimismo comentó que, “desde el 2008 hay deudas que no se pagaron como correspondían al Ministerio de Educación, y se constituyen como una suerte de Dicom a este municipio hasta el día de hoy. No es accidental que el Ministerio Público no se querelle contra la administración o contra mí como alcalde, porque no somos responsables de lo que pasó antes de nuestro periodo“.

Por último, Carter indicó que tanto por investigaciones de la PDI y por un juez de la república que: “no hay ninguna posibilidad de entender que haya un delito de apropiación indebida bajo estas circunstancia ni malversación de caudales públicos o fraude al fisco (…) No configuran ningún delito”.

La querella fue interpuesta ante el 14° Juzgado de Garantía de Santiago ante el presunto déficit de un total de $20 mil millones. Según la acción judicial, Contraloría realizó una auditoría de control financiero en la Corporación Municipal de La Florida desde enero de 2016 y fines de junio de 2017 por los recursos de aporte municipal y fondos externos del Ministerio de Educación y de Salud.

En concreto, se habría evidenciado que los aportes no fueron ingresados a las cuentas corrientes creadas para ello, por lo que se determinó la “imposibilidad de detectar el destino de los fondos”, según lo consignó El Mercurio.

Estos fondos correspondían a $735.050.000 en aportes municipales y $2.223.994.792 en Fondos de Apoyo para la educación pública. Según el documento, “estos hechos claramente incongruentes dan cuenta de la sustracción o distracción de una gran cantidad de recursos (…) expresamente reconoce un faltante de a lo menos $8.356.960.286 (…) La Contraloría estableció un faltante de $20.026.931.838”.