Carabineros fiscalizaron el buen uso de permisos únicos colectivos destinados a empresas esenciales en varios puntos de la Región Metropolitana. En ese contexto, dos personas fueron formalizadas por la fabricación irregular de productos desinfectantes y quedaron con arraigo nacional.
Con el objetivo de fiscalizar el correcto uso del permiso único colectivo para empresas esenciales, que debutó esta semana en todo el territorio nacional, Carabineros dispuso de varios puntos de control peatonal y vehicular en la Región Metropolitana.
Según lo informado, el trabajo se focalizó en controlar que efectivamente las personas que transitan por las calles lo hagan con los permisos correspondientes, buscando además, disminuir el alto porcentaje de traslado de personas.
Así lo explicó el mayor de Carabineros Marcelo Silva, oficial de Ronda de la Prefectura Santiago Andes, quien aseguró que habrán multas para quienes abusen del permiso.
En tanto, desde el Ministerio de Salud reforzaron el trabajo de asistencia y traslado de personas con Covid-19 a residencias sanitarias, con la finalidad de reducir las fuentes de contagio.
La Seremi de Salud Metropolitana, Paula Labra, explicó que se está trabajando para aumentar los niveles de trazabilidad y así mejorar las redes de apoyo para personas enfermas.
Dos detenidos en fábrica no autorizada de productos desinfectantes
En medio de los controles sanitarios, la fiscalía de Alta Complejidad Occidente y la Brigada de Delitos contra el Medioambiente de la PDI, detectaron una empresa en la comuna de Padre Hurtado que fabricaba productos desinfectantes sin los permisos correspondientes.
La fiscal Paola Zárate, a cargo de la investigación, confirmó la detención de dos personas, el dueño de la empresa y un químico que figuraba como trabajador.
Durante la fiscalización se incautaron 36 mil litros de alcohol gel adulterado, 7.800 litros de amonio cuaternario y 4.500 litros de triclosan, todo avaluado en 125 millones de pesos.
Los imputados, tras ser formalizados, quedaron con arraigo nacional y arriesgan penas que van desde los 61 días y hasta tres años de presidio.
