Cerca de $69 millones mensuales estaría costando el arriendo de Espacio Riesco, inmueble que ha sido rebautizado durante la pandemia del Covid-19 como el Centro Hospitalario Huechuraba.
El inmueble está siendo utilizado desde el 7 de mayo como un centro hospitalario para recibir a pacientes que han llegado desde diferentes establecimientos asistenciales de la capital. De acuerdo al Ministerio de Salud actualmente están utilizando 12 mil metros cuadrados del recinto que corresponde a $68.901.600 según el valor de la UF.
Además, de acuerdo a antecedentes entregados por Marianela González, en el contrato con fecha de 25 de marzo se indica que “hasta la fecha a nivel mundial, más de un millón de personas han sido confirmadas con la enfermedad, con más de 60 mil muertes. Por su parte, en Chile, hasta la fecha más de 4 mil personas han sido diagnosticadas con Covid-19, existiendo más de 40 personas fallecidas contagiadas por la enfermedad”.
Sin embargo, de acuerdo al reporte del Minsal, en dicha jornada había un total de 1.142 personas contagiadas y tres fallecidos.
“Tuvo correcciones posteriormente”
Consultado por la situación, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, explicó que la tramitación de este contrato comenzó el 25 de marzo, añadiendo que “una vez que se redacta, se revisa en varias oportunidades por las distintas divisiones del Ministerio de Salud, así también debe ser firmado por la contraparte. Yo ese documento lo firmé el 20 de abril”.
“Otra prueba más de que ese documento tuvo correcciones posteriormente, es que en el mismo párrafo que se menciona está hablando de los contagios a nivel mundial que se acercan a un millón y de 60 mil personas que han fallecido a nivel mundial. Esas cifras corresponden aproximadamente al 6, 7 de abril. Por lo tanto hay modificaciones que se le hacen a un contrato y es un trámite normal”, añadió.
Zúñiga también comentó que “cada vez que se hace una firma de contrato después pasa a una resolución que aprueba el contrato y ésta se hace posterior. No se puede autorizar algo por resolución que no ha sido firmado, es un proceso normal dentro de la administración pública del Estado”.
Asimismo, aseguró que para mayor transparencia, el 15 de mayo enviaron el contrato a la Contraloría General de la República para su revisión. “Si hay algo que tengamos que corregir, lo vamos a hacer”, explicó.
