Con arresto domiciliario nocturno permanece desde febrero Tomás Morales Galleguillos. En noviembre de 2019 -en medio del estallido social- el joven de 21 años fue acusado de homicidio frustrado contra un carabinero y de lanzar una bomba molotov en Puente Alto.
Morales fue detenido el 6 de noviembre en cercanías de la estación Protectora de la Infancia del Metro de Santiago, ubicada a pocas cuadras de su casa. Al joven se le acusó por, presuntamente, impedir el normal desplazamiento de vehículos y personas en avenida Concha y Toro con Ángel Pimentel, y por lanzar un artefacto incendiario contra Carabineros.
Además, se le imputó el delito de homicidio frustrado contra un carabinero, tras ser acusado de herir a un funcionario con un arma cortopunzante. Esta acción -según la acusación- la habría cometido mientras era detenido y le habría provocado dos cortes en el chaleco antibalas.
Sin embargo, la familia del joven aseguró que fue detenido tras ser parte de manifestación junto a sus amigos -a la que llegaron luego de haber participado en un cabildo abierto-, en la que carabineros comenzó a lanzar bombas lacrimógenas.
“Está como muy frustrado. Él me dijo que ‘yo no he hecho nada’ en el sentido de que nunca atacó al carabinero, nunca tiró una bomba, entonces por qué lo culpan de eso. Me dijo ‘ya jamás hubiese querido hacer eso’. Esa es como la angustia que él tiene”, indicó su mamá, Evelyn Galleguillos.
Tras la formalización, el estudiante debió pasar cerca de 17 días en prisión preventiva en la cárcel CDP de Puente Alto y en Santiago 1. No obstante, en dicha audiencia el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó un recurso de amparo en el que se denunció que el joven fue víctima de torturas y apremios ilegítimos por parte de funcionarios.
De acuerdo al recurso, el joven le dio cuenta a una abogada del INDH que “había sido golpeado, que además había sido traslado por la ciudad durante mucho tiempo, para ser trasladado a un mirador donde lo hacen jugar a la ruleta rusa”.
A raíz de esta denuncia del joven, el INDH ordenó oficiar a la Fiscalía para que se investigue la participación de carabineros de la 38° Comisaría de Puente Alto. El Ministerio Público inició una investigación paralela que es encabezada por el persecutor de Derechos Humanos de Puente Alto, quien investiga la causa por apremios ilegítimos.
Carabineros descarta responsabilidad administrativa
Tras la denuncia, Carabineros inició en noviembre una investigación interna a cargo de la Fiscalía Administrativa de la Prefectura Santiago Cordillera para determinar eventuales responsabilidades en los hechos que se acusan.
Con fecha 24 de abril, desde la institución enviaron a Fiscalía el oficio de la investigación interna realizada, en la cual se aseguró que tras recabar los antecedentes y declaraciones del personal involucrado, junto con analizar las pruebas “no le asiste responsabilidad administrativa al personal policial cuestionado en la detención del Sr. Morales Galleguillos, conforme a las normas que rigen los procesos administrativos de Carabineros de Chile”.
Sumado a esto, indicaron que una vez agotadas las diligencias pertinentes para establecer alguna responsabilidad administrativa se determinó que “no hay antecedentes tangibles para que el mando de los funcionarios adopte alguna medida en el aspecto administrativo hacia el personal policial de esta unidad”.
El abogado del joven, Umberto Montiglio, indicó que “era un poco predecible, porque en general en otros casos similares responden más o menos lo mismo”.
¿En qué está la investigación?
Evelyn Galleguillos, señaló que “lo que nosotros queremos es que esto se solucione luego. Estamos clarísimos que es para largo, más encima con todo esto de la pandemia, pero que se haga justicia con lo de Tomás”.
En lo próximo, hay una audiencia fijada para el próximo 24 de junio en la que se revisarán las medidas cautelares. En dicha instancia, la defensa del joven espera conseguir que quede con firma mensual.
“Esa audiencia la solicitamos nosotros a petición de la familia. Como ya ha avanzando el tiempo, el muchacho ya quiere que se pueda flexibilizar la medida. Lo que voy a pedir es que quede con una firma mensual (…) Buscamos que se valore el hecho que él todos estos meses ha estado cumpliendo la medida”, explicó Montiglio.
Desde la Fiscalía Sur indicaron a BioBioChile que ambas causas se mantienen abiertas. La investigación por apremios ilegítimos la tiene el fiscal de Derechos Humanos de Puente Alto, Milibor Bugueño, y está con diligencias ya realizadas y otras pendientes a cargo de la unidad de DDHH de la PDI.
Por otro lado, en la causa donde Morales es imputado -que está a cargo del fiscal Javier Carreño- las diligencias las tiene Bicrim de Puente Alto de la PDI y aún no tiene fecha de término por las diligencias pendientes.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)
