La Corte de Apelaciones Santiago acogió un recurso de protección presentado por el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, en contra de la Contraloría, luego que esta última anulara por la vía de un dictamen, la creación de una Corporación Cultural (Corpin) que administraría el Centro de Extensión del Instituto Nacional.

La decisión, adoptada por la Octava Sala del tribunal de alzada capitalino estimó que el organismo fiscalizador carecía de atribuciones para declarar fuera de las normas administrativas a la Corpin, cuya existencia sería financiada con platas del Gobierno Regional.

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La resolución dictada por la unanimidad de los tres ministros presentes, estableció que a la casa comunal no se le respetó el derecho constitucional de “igualdad ante la ley”.

“La ilegalidad constatada infringe la igualdad ante la ley, en su vertiente de haberse erigido, de ese modo, la entidad contralora en una Comisión Especial (…) al atribuirse facultades jurisdiccionales que claramente no le competen en esta materia, además de la haber vulnerado la libertad de asociación de la corporación recurrente (…) fuera de los casos que la Constitución y la ley del ramo contemplan”, se lee en el fallo.

El inicio

La Corporación Cultural se creó en 2018 para llevar adelante las actividades del Centro de Extensión, ubicado al interior del Liceo José Miguel Carrera (Instituto Nacional), obteniendo la personalidad jurídica ante el Registro Civil.

El recinto, de 6.500 metros cuadrados, cuenta con un aula magna para 800 personas, donde se presentarían espectáculos, seminarios, conferencias, entre otros. A ello se sumaban otros espacios con fines artísticos.

Sin embargo, Iris Vega, apoderada del centro educacional, solicitó un pronunciamiento a la Contraloría sobre la legalidad de la iniciativa. Esta última pidió a la municipalidad que evacuara un informe dando cuenta de cómo, cuándo y por qué había creado la Corporación.

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Analizados los antecedentes, el 9 de octubre pasado el órgano de control emitió el dictamen 13.901, ordenando poner término inmediato de la Corpin en un plazo de 15 días.

De esta manera, Alessandri recurrió a la Corte acusando que la Contraloría había excedido sus atribuciones y por extensión la ilegalidad del mencionado dictamen.

El tribunal, como manda el procedimiento, le ordenó a la entidad revisora que explicara los argumentos y alcances del dictamen. En el documento de respuesta que consta de 17 páginas se indicó que no existía ilegalidad ni arbitrariedad y que la Municipalidad de Santiago podía ser fiscalizada por corresponder a una entidad del Estado.

No obstante, los ministros Juan Cristóbal Mera, Mireya López y Tomás Gray, estimaron que Felipe Alessandri tenía la razón.

Bermúdez, representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) apeló a la Corte Suprema, cuya Tercera Sala (Constitucional) deberá resolver en las próximas semanas esta disputa. Municipalidad 1, Contraloría 0.

Lea la apelación del CDE