La Red Plurinacional de Jueces y Juezas de Las Américas hizo un llamado a la comunidad legal y a la opinión pública internacional a denunciar -y condenar- la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, dirigida en contra de la resolución de Daniel Urrutia, suspendido juez del séptimo Juzgado de Garantía de la capital.
Esto, después de que Urrutia revocara la prisión preventiva de 13 presuntos participantes de la “Primera Línea” formalizados por desórdenes públicos. Sin embargo, lo decretado se dejó sin efecto por el tribunal de alzada capitalino, abriéndose además un sumario contra el magistrado, suspendiéndole de sus funciones mientras dure la indagación. Además, algunos ministros apuntaron que los hechos son constitutivos de delito.
Desde la Red Plurinacional afirmaron que la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago constituye “un atentado inaceptable a la independencia interna de los jueces” y que la acusación le recuerda a la dictadura.
Así lo explicó, el coordinador de la Red Plurinacional de Jueces y Juezas de las Américas, radicado en Canada, Felix Mora. “¿Cómo es posible suspender a un juez por el ejercicio de sus atribuciones que están en la Constitución?”, cuestionó, enfatizando en los múltiples llamados a limitar el hacinamiento de la población general y en las prisiones.
Afirmó que se trata de “una actitud irresponsable que no tiene base jurídica” que debería ser apelada ante la Corte Suprema o, de ser necesario, a los tribunales internacionales.
Desde la entidad, sostuvieron además que, según el artículo 145 del Código Procesal Penal, el juez de Garantía puede revisar de oficio la cautelar de prisión preventiva que pesa sobre un imputado y modificarla de acuerdo a las disposiciones del párrafo sexto de ese título.
Asimismo, afirmaron que la decisión de anular lo dictado por Urrutia se trata de un abuso de poder y que afecta a imputados que no tienen antecedentes penales previos, que fueron formalizados por un delito de desórdenes públicos y, por tanto, existe una más que razonable posibilidad que, de ser condenados, reciban penas a cumplir en libertad.
