Como una forma de terminar con el patrimonio de clanes dedicados al narcotráfico, el Ministerio Público expropió 10 viviendas de familias condenadas por infracción a la ley 20.000.
Se trata de expropiaciones logradas por la Fiscalía Oriente tras acreditar que su adquisición se realizó con dinero proveniente del tráfico o incluso comprobar que hubo venta de drogas en los inmuebles.
El fiscal Manuel Guerra indicó a La Tercera que “la sola incautación de drogas no ayuda a solucionar el problema del tráfico y la única forma de lograr desarticular organizaciones es cuando les atacas el patrimonio. Bajo esta lógica, la premisa es una: buscamos la ruina económica de los traficantes”.
En esa línea, explicó que “puede irse preso el imputado por tráfico, puede irse presa su familia, pero en la medida en que cuenten con capital en la calle, pueden seguir traficando, continúan operando a través de las personas que trabajan con ellos, palos blancos o testaferros”.
Una de las casas expropiadas corresponde a un inmueble de la población Santa Julia en Macul, de una de las bandas de narcotraficantes más importantes de la zona oriente, que contaba incluso con una animita con artículos de lujo y cuyos integrantes fueron detenidos en julio de 2017.
Tras ser condenados, La Fiscalía Oriente logró también expropiar no solo su vivienda, sino que todos sus bienes.
El Ministerio Público también logró la expropiación de dos casas y una parcela en Curacaví de una banda de Peñalolén, acciones que buscan duplicar el próximo año.
