La Fiscalía decidió no perseverar en la investigación por los daños sufridos al interior del Internado Barros Arana tras la toma de 2016, cuando el municipio de Santiago avaluó los destrozos en $320 millones.
De esta forma, el Ministerio Público decretó el cierre de la investigación, según consignó El Mercurio. Los daños originados de la toma que se extendió desde el 24 de mayo y el 13 de junio de ese año originaron una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
En ese texto, junto a un informe de la PDI, se daba cuenta del delito de daño a monumento nacional y robo en lugar no habitado.
El informe policial también advertía que “de un total de 238 piezas declaradas monumento histórico (…), 189 no fueron localizadas y de las 49 restantes, 5 piezas resultaron dañadas en toma”.
Además de los monumentos, también hubo sustracción de “22 notebook, cinco CPU, 13 proyectores, siete cámaras fotográficas tres radios, cuatro impresoras”, entre otros.
Respecto por qué se decidió cerrar la investigación, desde la Fiscalía Mertopolitana Centro Norte explicaron que no se logró atribuir participación a personas específicas debido a la falta de registro de cámaras o declaración de testigos.
Por lo tanto, pese a acreditar la existencia de delitos, estos no se les pudo imputar a eventuales responsables.
Sobre las 19 personas detenidas al momento del desalojo, “no había cómo atribuirle una conducta determinada a una persona determinada” ya que se encontraban en otro sector al momento del ingreso de la policía y no en el punto exacto de los daños.
Pese a la decisión del MP, el CDE puede pedir nuevas diligencias y solicitar la reapertura de la indagatoria.
