La defensa de uno de los estudiantes expulsados del Instituto Nacional, a quien se le aplicó la Ley de Aula Segura por posesión de bombas molotov, pedirá una reconsideración del caso luego de que la Fiscalía decidiera no investigar lo sucedido.
El documento que notificó al alumno que cursaba segundo medio y a su apoderada resolvía que “tras el término de la investigación, se comprobó que el estudiante antes individualizado cometió actos que, de acuerdo a la ley 21.128 (Aula Segura), afectan gravemente la convivencia escolar, en particular, el uso, tenencia o posesión de armas o artefactos incendiarios, por lo tanto, se aplica en este acto la sanción de expulsión“.
Sin embargo, ante los mismos supuestos hechos, el Ministerio Público recibió el parte policial, pero por un delito distinto al que finalmente señaló el establecimiento, solo por “desordenes públicos”, resolviendo no iniciar la persecución penal.
Consultada la ministra de Educación, Marcela Cubillos, aseguró que es válido que los estudiantes puedan iniciar un proceso judicial en su defensa y respaldó la aplicación de Aula Segura, señalando que los manuales de convivencia no alcanzan a regular este tipo de situaciones y la ley lo hace de manera más expedita.
El vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Victor Chanfreau, afirmó que esta situación comprobaría la represión de la que están siendo víctimas los estudiantes.
Ramón Sepúlveda, abogado del estudiante, dijo que buscará revertir la medida adoptada.
