Cinco ex PDI fueron formalizados el martes tras ser acusados de falsificar un parte, eliminar evidencia audiovisual de un allanamiento por control de drogas y hacer desaparecer un bolso con $18 millones en la capital.
Según la indagatoria que llevó a cabo el Departamento de Asuntos Internos de la PDI, los hechos ocurrieron en marzo de 2018 cuando cinco funcionarios de la Brigada de Microtráfico Cero habrían perpetrado el hecho.
Según el fiscal jefe de Curacaví, Claudio Álvarez, esta situación se produjo tras la denuncia de una de las vecinas allanadas, cuya versión es que en el inmueble se hallaba un bolso con dinero de la venta de dos vehículos, lo cual también está en investigación, según lo consignado en Las Últimas Noticias.
En tanto, durante la audiencia, el fiscal Álvarez sostenía que el bolso era negro, mientras que el abogado Miguel Fredes -defensor de dos de los imputados- indicaba que era de color azul, lo que complicaría acreditaría el hecho.
Ante esto el juez decidió descartar el argumento, por lo que esto se posicionó -según el Tribunal- como la gran duda que aún tiene el caso.
El fiscal Álvarez admitió que este hecho “es lo más difícil de acreditar”, debido a que los archivos audiovisuales que dan cuenta del suceso fueron eliminados.
Por su parte, el abogado Miguel Fredes, dijo que la única prueba de fiscalía es un fragmento del video el cual no acredita un delito. “Hay dos videos y no vimos ni siquiera un billete de $5 mil“, agregó.
Mientras tanto, Víctor Neira abogado de los otros tres imputados declaró que le preocupaba que hubiese más credibilidad en “personas que se dedican al microtráfico de drogas versus la policía”.
Por último, los abogados defensores, Fredes y Neira no reconocen la expulsión que hizo la Policía de Investigaciones a sus defendidos. Para Fredes los exfuncionarios “no han sido dados de baja (…) son funcionarios de la PDI” ya que el sumario sigue vigente.
Luego de la jornada de formalización, los cinco involucrados quedaron con medidas cautelares mientras que la investigación de los cargos que se imputan durará 90 días.
