El Quinto Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización total de $60 millones de pesos a los padres y hermanos de un interno del penal Colina II que murió, en marzo de 2015, tras ser agredido por otros reclusos.
En el fallo, la magistrada María Soledad Jorquera Binner estableció la responsabilidad del Estado por falta de servicio de Gendarmería al no disponer las medidas de seguridad en el recinto penal que eviten las agresiones entre internos.
La demanda sostiene que el recluso, quien cumplía una pena por robo con intimidación, había sido apuñalado los días 11 y 12 de enero, además de ser amenazado.
Esto fue comunicado a Gendarmería por parte del hermano del interno. Sin embargo, según señala la demanda, se limitaron a decir que “estaba todo bien”, sin dejar constancia escrita de la denuncia.
Días después, el 26 de marzo, “mientras se dirigía de regreso a su celda, desde un curso de reinserción social, el recluso fue atacado por otro interno”, causándole un traumatismo encéfalo que terminó con su vida.
“Cabe señalar que el daño moral sufrido por los demandantes es consecuencia de la falta de servicio en que incurrió gendarmería, debiendo rechazarse la defensa de éste último en orden a que la muerte se debió a la herida punzante efectuada por terceros, por cuanto el ataque se produjo por la falta de medidas seguridad en el desplazamiento del interno fallecido, como se razonó precedentemente”, concluyó el fallo.
