En fallo unánime, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó la resolución emitida en octubre por el juzgado de Garantía de Talagante, decretando la ilegalidad en la detención de 31 imputados formalizados por la Fiscalía Metropolitana Occidente por cargos de asociación ilícita y tráfico de armas.

Entre los acusados, cinco de ellos corresponden a exfuncionarios de Carabineros.

Según se acreditó en la audiencia de control de detención, los detenidos fueron sometidos a interrogatorio en calidad de testigos, sin presencia de sus abogados, señalándoles que estaban obligados a declarar sin darles a conocer los hechos que se les imputaban.

Esto sería ilegal, ya que atenta contra las garantías establecidas en el Código Procesal Penal en relación con el debido proceso, reafirmando la necesidad del respeto a este procedimiento en cualquier investigación, según explicó la jueza de Talagante, Gabriela Flores.

Desde la Fiscalía Occidente anunciaron que estudiarán el fallo antes de emitir un pronunciamiento.