De acuerdo a un catastro de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), más de 80 proyectos inmobiliarios cuentan con problemas legales o de permisos en el Gran Santiago.

Dentro de los proyectos -que en total suman más de $US 3 mil millones de inversión- se encuentran por ejemplo Vespucio 355, Edificio Botero de Ñuñoa y Oasis Riesco en la ex Villa San Luis, según consignó La Segunda. Estas iniciativas están intentando validar sus permisos de edificación que les entregaron las direcciones de obras municipales de sus comunas.

Sin embargo, según la CChC, existen problemas cuando la Dirección de Obras Municipales cambia su autorización o cuando la Contraloría realiza una interpretación que complica el avance de las obras.

“Estos permisos que ahora son cuestionados son la piedra angular de la actividad. Con este permiso se va al banco a tomar deuda para financiar la obra, pero también se inician las promesas de compraventa”, sostuvo Bernardo Echeverría, presidente del Grupo de Trabajo Certeza Jurídica de la CChC.

A estas incertezas se suman las que provocan los planes reguladores con los que las inmobiliarias no pueden acomodarse. “Sin ir más lejos, en el último tiempo se han producido 35 congelamiento de estos instrumentos”, indicó Cristián Armas, gerente general del grupo inmobiliario Empresas Armas, respecto a los planes reguladores.

A esto, Roberto Bascuñán, gerente general de la inmobiliaria Norte Verde, señaló que “si continúa esta tendencia, se disminuirá la inversión en la industria, incluso en sectores de inversionistas”.

Además, dentro del gremio critican que actualmente los planes reguladores se están diseñando con “más criterios políticos que urbanos”.

Controversias

Desde el Grupo de Trabajo Certeza Jurídica identificaron cuatro puntos que generan controversia para los proyectos.

Dentro de los puntos están los beneficios municipales que se ofrecen para las construcciones, por ejemplo, edificar más pisos por soterrar los cables. Sin embargo, puede que la Contraloría no lo valide.

Los otros identificados fueron la certeza sobre áreas patrimoniales donde se construyen los proyectos, la claridad en normativas de inicios de faenas y la legitimación de las empresas para su defensa en caso que presenten un problema durante el proceso.