La Municipalidad de Providencia apuntó a la “opacidad democrática” del tiempo en que fue firmado el convenio con el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) para el uso del edificio ubicado en Avenida Providencia.

El Sernatur ocupa el inmueble desde 1987, cuando fue entregado en comodato de 60 años por la alcaldesa de ese entonces, Carmen Grez.

El 9 de marzo el municipio emitió un decreto en el que otorgaba un plazo de tres meses al Sernatur para desalojar el edificio, según consignó el Diario Financiero.

Ante la arremetida del municipio, en junio el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó un reclamo de ilgealidad municipal ante la Corte de Apelaciones.

“De prosperar tan ilegal y arbitraria determinación, el Estado de Chile se verá en la necesidad de arbitrar las medidas necesarias para adoptar al servicio de un nuevo recinto que aloje a la Dirección Nacional del Sernatur, todo ello con cargo a fondos fiscales no presupuestados para los próximos años, generándose con ello un perjuicio evidente”, sostiene el texto que fue acogido.

A través de sus abogados el municipio respondió a la acción y apuntó a lo ilegítimo del convenio por ser firmado en dictadura, aunque no ocupó este concepto, sino que el de “opacidad democrática”.

“…por cuanto los alcaldes que lideraban las comunas (…) fueron designados directamente por quien presidía la Junta Militar del Gobierno de Chile y sus actuaciones relevantes, como la disposición de inmueble de valor patrimonial, quedaron sustraídas al control de la ciudadanía e incluso de la misma Contraloría”, sostuvieron.

En esa línea, agregaron que “en el Chile de nuestros tiempos un convenio como el señalado habría requerido necesariamente el acuerdo del concejo municipal como órgano de fiscalización de las actuaciones del alcalde, y por lo mismo, con una altísima probabilidad, habría sido rechazado por atentar contra el patrimonio municipal”.