A tres días de la entrada en funcionamiento del registro de evasores del Transantiago, diputados de la oposición insistieron en sus críticas contra la medida que endurece las sanciones para quienes no paguen el pasaje del servicio de transporte público capitalino.
Durante su discusión parlamentaria, congresistas lo denominaron como el “Dicom de los pobres”, debido que perjudicaría a aquellas personas con menores ingresos a la hora de, ejemplificaron, postular a un trabajo o intentar acceder a un crédito.
El diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silber, reiteró esas críticas y acusó que quienes compongan el listado sufrirán estigma social.
A juicio del legislador, el registro podría ser utilizado por algunas entidades para conocer antecedentes de los usuarios. Aquello fue descartado por el Gobierno y detallaron que sólo podrán acceder al listado personas naturales y haciendo la consulta por ley de transparencia, ocho veces al año como máximo.
La ministra de Transportes, Gloria Hutt, respondió a los cuestionamientos pidiendo responsabilidad en las opiniones. Además, defendió la medida y descartó que se quiera castigar a un grupo de personas.
Por su parte, el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, exigió mayores estándares de seguridad para evitar que el registro sea vulnerado.
Drago aseguró que estarán alerta ante eventuales casos en los que la información del registro sea utilizada para otros fines. Por ahora, solo se contemplan castigos como la no renovación de la licencia de conducir, la no entrega del permiso de circulación ni la devolución de impuestos.
