Este jueves Aguas Andinas defendió su derecho a llevar hasta el Tribunal Constitucional la demanda colectiva que interpuso en su contra el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), debido a los cortes de suministros ocurridos en la capital en febrero y abril de 2017.

La empresa acusa al Sernac de perseguir multas que ascenderían a 27 mil millones de dólares, el equivalente a 115 años de utilidades de la empresa, lo que consideran excesivo.

El director de gestión de servicios de la sanitaria, Eugenio Rodríguez, en conversación con La Radio, insistió en que se les intenta castigar por eventos “de fuerza mayor”.

Por su parte, el superintendente de Servicios Sanitarios, Ricardo Bruna, recalcó que el organismo no tiene facultades para compensar a los usuarios afectados, por lo que indicó que es decisión del Sernac iniciar o no ese tipo de acciones legales.

Desde el Sernac se mostraron sorprendidos por la decisión de Aguas Andinas, ya que aseguran que en cada uno de los eventos en que el organismo presenta demandas colectivas lo hacen persiguiendo las multas más altas, porque se trata de incumplimientos graves.

Además, sostienen que no conocen casos, “donde los tribunales hayan aplicado las más altas multas”, por lo que apuntaron sus críticas a la firma por acudir hasta el TC, en vez de optar por la etapa de conciliación previa.

Según explicó María Fernanda Juppet, directora de la carrera de Derecho de la Universidad San Sebastián, lo que busca la empresa es que se declare la inaplicabilidad de estas multas y se califiquen como discriminatorias.

Si bien el Sernac evitó hacer una vocería pública respecto a este caso, sostuvo que la intención es que la empresa compense adecuadamente a los consumidores afectados, dejando abierta aún la puerta para una conciliación si es que Aguas Andinas así lo estima.