El administrador de cierre de la Universidad Iberoamericana, dio como plazo un mes para iniciar el año académico 2018 y aseguró que ha faltado voluntad política del Gobierno para solucionar el conflicto.

Desde el Ministerio de Educación, esperan una interpretación favorable de la Contraloría para disponer de los recursos que están en el presupuesto. Mientras tanto, los estudiantes acusan desinterés del Ejecutivo.

Se le acaba el tiempo a los alumnos de la Universidad Iberoamericana para iniciar el año académico 2018 y desde el Gobierno aún no hay respuesta para que los recursos que se destinaron en la Ley de Presupuesto, puedan ser usados por los estudiantes que decidieron continuar en el plantel, y que según la propia institución, sería un 80% de los mil 78 que se matricularon.

El administrador de cierre de la Iberoamericana, José Jara, indicó que ha faltado voluntad política del Gobierno para resolver este tema y aseguró que si de aquí a un mes no hay solución, los estudiantes habrán perdido el año.

Según el administrador de cierre, bastaría con que el Gobierno hiciera una modificación administrativa de la glosa presupuestaria, para contar con los 2 mil 400 millones de pesos que se necesitan para el funcionamiento de la Universidad Iberoamericana, durante un año.

El jefe de la División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, reconoció que están en una disyuntiva política administrativa, la cual esperan sea zanjada por la Contraloría.

El problema que afecta a la Universidad Iberoamericana se debe a que en la glosa de presupuesto, se estableció que la beca sólo podía usarse en caso de reubicación en otro plantel y no para quienes decidieron continuar en la institución.

La vocera de los estudiantes, Paz Gajardo, acusó desinterés de parte del Gobierno e indicó que ellos necesitan un cambio de la glosa ahora y no para el próximo año, como planteó el Ejecutivo.

En cuanto a los convenios que se han explorado con otras instituciones, el administrador de cierre de la Iberoamericana indicó que a la Universidad Tecnológica Metropolitana sólo le interesa adquirir los inmuebles, mientras que la Universidad de Santiago desistió de un plan de movilidad, quedando pendiente la respuesta de la Universidad Santo Tomás, que también se mostró interesada en el proceso.