Hasta el momento se contabilizan 200 casos de clientes en la región Metropolitana que fueron extorsionados por el denominado fotógrafo de moteles.

Correspondiente a los antecedentes del caso, lo anterior fue cifrado en el marco de la investigación en contra de cuatro acusados de grabar y fotografiar el ingreso y salida de dichos clientes de los recintos, quienes debían pagar una alta suma de dinero con el objetivo de pactar silencio y destruir el material gráfico.

La cifra de afectados fue confirmada a LUN por el fiscal José Solís, de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad de la región Metropolitana Occidente. Además, aclaró que de ellos, sólo cinco accedieron a ir a juicio oral el próximo 11 de junio.

El martes pasado, en el Tribunal de Garantía de San Bernardo hubo una audiencia previa.

“La fiscalía se abocó a investigar los registros de cuentas corrientes de 200 personas que aparecían pagando los mismos montos y en el mismo tiempo. Cinco declararon que les habían mandado correos electrónicos con imágenes y videos de ellos saliendo acompañados de un motel”, dijo Solís al medio.

Sobre las condenas que arriesgan, una de ellas podría llegar a los 14 años para uno de los acusados y en ese sentido, los delitos que les imputan corresponden a asociación ilícita, 5 años; amenazas condicionales con y sin obtención de propósito delictivo, 5 años, y tenencia ilegal de arma de fuego, 4 años.

El medio consultó a un experto sobre el comportamiento de una víctima de extorsión y la manera en que se debería reaccionar frente a un episodio de estas características.

En ese contexto, el psicólogo Domingo Izquierdo, de la Universidad Andrés Bello, aseguró que la mayoría de las personas que mantienen una relación extramatrimonial valora bastante a sus hijos y a su pareja, por lo que “verse expuesto a perderlos es algo que causa temor y angustia“.

A su vez, dijo que ante un chantaje “lo que se debe hacer es no mostrarse atemorizado ni tampoco amedrentado“.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)