Un reciente dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU estableció que el Estado chileno atentó contra el derecho a la libre expresión al censurar una manifestación artística, a través del accionar de Carabineros, durante la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado.
Los hechos se remontan al 6 de septiembre de 2013, fecha en que Londres 38 realizó una intervención artística en nueve puentes sobre el río mapocho llamada “Puentes de la memoria”, denunciando la impunidad de crímenes cometidos durante la dictadura.
A pesar de tener todos los permisos correspondientes de las municipalidades de Santiago y de Providencia, y del Consejo de Monumentos Nacionales, Carabineros retiró los lienzos, acto que fue grabado y difundido a través de diversos medios.
Tras estos hechos, Londres 38 exigió una explicación y la devolución de los lienzos mediante una misiva dirigida al entonces ministro del interior, Andrés Chadwick, que no fue respondida. En marzo de 2015, Londres 38 presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
En el dictamen que se ha hecho público, el Comité sostiene que remoción de los lienzos “violó su derecho a la libertad de expresión (…) y careció de una base legal clara, un objetivo legítimo, y fue desproporcionada e innecesaria”.
A juicio del Comité “el Estado parte no ha ofrecido una explicación razonable acerca de la existencia de una amenaza concreta y real al orden público que justificara la decisión de Carabineros” ya que el argumento esgrimido por esta institución sobre la posible quema de la obra y los riesgos que ello podría conllevar, es “meramente especulativo” y no aporta antecedentes concretos.
Gloría Elgueta, vocera de Londres 38, criticó esta respuesta y señaló que razón nos haría pensar que todo los lienzos y el material publicitario debería ser retirados porlos resigos que correrían los trsanseuntes.
Magdalena Garcés, abogada de la fundación, consideró como grave la sanción y destacó que Chile aún no da respuesta, pese al dictamen.
El reglamento de la ONU indica que el Estado debe reparar la violación, por lo que, de acuerdo al Pacto internacional de derechos civiles y políticos, Chile tiene la obligación de proporcionar una “reparación íntegra” que incluya: localizar los lienzos desaparecidos y restituirlos, reconocer públicamente la violación de derechos, difundir ampliamente el dictamen del Comité, y adoptar las medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro.
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