Tras solicitarle al contralor general de la República que suspenda la licitación del Transantiago, los diputados independientes José Antonio Kast y Karla Rubilar, llamaron al Gobierno que haga lo propio para que desista de continuar con el proceso.
Lo anterior porque, según ellos hay irregularidades en el proceso, las cuales quedarían reflejadas en la gran cantidad de preguntas que surgieron a las bases, además de la poca cantidad de empresas que decidieron postular de la subasta.
El pasado 27 de diciembre, sólo seis empresas ingresaron ofertas para adjudicarse la licitación, la cual busca renovar el 50% de la flota de buses e incorporar nuevos recorridos.
A juicio del diputado independiente y excandidato presidencial, José Antonio Kast, esta licitación no mejorará la calidad del sistema. Además, acusó colusión entre algunas empresas postulantes.
Lo anterior a partir de presuntos vínculos entre accionistas y altos ejecutivos entre las operadoras chilenas STP, MetBus y Vule que, curiosamente, no compiten entre sí para adjudicarse las unidades de negocios.
Otro de los argumentos utilizados por los parlamentarios, es que la última modificación a las bases del Transantiago se hizo posterior a que la Contraloría tomara razón de estas.
Hay que señalar que cuando esto ocurrió el 10 de octubre pasado, los cambios ya se habían realizado previo a que el propio Gobierno incluso retirara las bases y que la Contraloría las devolviera.
Además, dentro de las presuntas irregularidades denunciadas por los parlamentarios, es que el proceso habría puesto mayores dificultades a las nuevas empresas interesadas en participar de la licitación.
De hecho, el año pasado la empresa Transanber acudió al Tribunal de Libre Competencia para acusar esta supuesta irregularidad. Además, Santin presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones para invalidar las bases de esta licitación.
La diputada Karla Rubilar , emplazó al gobierno a asumir una responsabilidad en estas presuntas falencias.
Uno de los principales controladores del antiguo sistema de “micros amarillas”, Demetrio Marinakis, es otro de los que ha acudido a la justicia para anular la licitación. Él presentó una demanda ante el Tribunal de Contratación Pública denunciando “barreras de entrada” en el proceso.
Desde el Ejecutivo respondieron con un llamado a informarse. La ministra de Transportes, Paola Tapia, defendió el proceso y descartó hacer una revisión de las bases.
Los diputados señalaron que solicitarán una audiencia con la ministra Tapia y con el contralor, Jorge Bermúdez, para entregar los antecedentes. Todo mientras en el Gobierno continúan analizando las ofertas técnicas y económicas de las seis empresas interesadas en adjudicarse la licitación.
Se estima que antes del 11 de marzo la licitación ya esté adjudicada, para comenzar a renovar la mitad de la actual flota y se incorporen nuevos recorridos al sistema de transporte público metropolitano.
