Este martes continuó un desalojo de extranjeros de carácter voluntario en la comuna de Santiago.
Se trata de un grupo de familias colombianas, haitianas y peruanas, pero además en el inmueble ubicado en calle Castillo habitaban chilenos.
Los hechos ocurrieron en el marco de un nuevo proyecto que será levantado por la Municipalidad de Santiago y según los antecedentes preliminares, la entidad habría llegado a un acuerdo con los extranjeros para que abandonen el edificio perteneciente a la misma.
El proyecto inmobiliario consta de viviendas sociales destinadas a 58 familias, el que hasta el momento se encontraba paralizado a raíz de las familias que se habrían tomado el lugar.
Cabe mencionar que en 2014 también ocurrió un desalojo de estas características en la casa, no obstante, fue habitada nuevamente.
Uno de los extranjeros conversó con BioBioChile y comentó que no les han querido dar el tiempo que solicitan para guardar sus cosas.
Por su parte, Guillermo Soto, director de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Santiago, indicó que esto se trataría de un desalojo que lleva planificándose con tiempo.
“Acá lo que se va a construir es son viviendas sociales para tres comités de vivienda que han esperado ocho años para poder acceder a su casa propia”, acotó.
Además, explicó que los terrenos se adquirieron con recursos del Estado de Chile a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Serviu).
“En Santiago nos cuesta mucho construir viviendas sociales porque no hay terrenos disponibles, por lo tanto esta es una buena noticia. También entendemos y hemos destinado todo el tiempo posible para ubicar a las familias de inmigrantes”, comentó el director.
Asimismo, Soto indicó que se trataría de 40 familias las que habitaban el lugar, de esas, siete quedarían pendientes para abandonar el edificio.
“La empresa hoy mismo toma posición del terreno y en un mes más empieza la construcción de este sueño de la casa propia para 58 familias de Santiago”, acotó.
En esta línea, el director aclaró que se conversó con las familias para proceder al desalojo, por lo que no sería necesario la fuerza de personal policial.
“El municipio invertirá alrededor de $9 millones para poder pagar subsidios a todas las familias que están saliendo de este lugar”, concluyó Soto.
Por su parte, la presidenta de la junta de vecinos expresó que la espera ha sido demasiada y que durante años se han organizado y han juntado el dinero para poder contar con su casa.
