Desde el gobierno se mostraron satisfechos con la ampliación de detención hasta el viernes de cuatro taxistas, lo anterior a raíz de su participación en el bloqueo al aeropuerto Arturo Merino Benitez tras la protesta no autorizada en contra de las aplicaciones Uber y Cabify.
De los cinco imputados por este hecho, sólo José Guzmán quedó en libertad al determinarse que es trabajador de las instalaciones y no tuvo participación en la protesta. Los demás, Michael Farías, Marco Pavez, Jose Salgado y Jorge Henríquez, serán formalizados el viernes a las 11:00 de la mañana.
El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, afirmó que solicitarán la prisión preventiva de los involucrados por el tiempo que dure la investigación.
“Nosotros estamos satisfechos por el hecho de que se haya ampliado la detención hasta el día viernes, y el día viernes vamos a solicitar, a través de la intendencia, la prisión preventiva de los involucrados”, dijo.
La fiscalía solicitó ampliar la detención para tener tiempo de evaluar el impacto que tuvo la manifestación, a la espera del informe de la Dirección General de Aeronáutica Civil y el resultado de la autopsia de Mario Irochi Susuki, de 66 años, el pasajero brasileño que estaba en medio de la paralización y que falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.
Por su parte, la abogada defensora, Maria Paz Bahamondes, se mostró disconforme con la decisión del tribunal de dejar mantener la detención a los cuatro taxistas.
“No me agradó la resolución del juez, nosotros consideramos que tenemos bastantes argumentos para habernos opuesto tanto a la ampliación, como también haber pedido la ilegalidad de la detención. Imagínense que tenemos a cuatro taxistas con todos sus permisos en regla“, expresó Bahamondes. Además, agregó que en la instancia los choferes se encontraban ayudando a la circulación de los vehículos.
El fiscal regional metropolitano Occidente, José Luis Perez Calaf, afirmó que los imputados arriesgan penas efectivas que van desde los tres años y un día hasta los diez años de cárcel, si se les logra imputar el delito de desorden público con afectación de servicios básicos, considerando además que la intendencia presentó una querella invocando la Ley de Seguridad del Estado.
Agregó que se buscará establecer la responsabilidad que habrían tenido los manifestantes en la muerte del ciudadano brasileño, quien no habría podido recibir una atención médica pertinente a consecuencia del bloqueo del aeropuerto.
“Lo que tenemos que determinar es que era lo posible de hacer para rescatar a esa persona, uno podría imputar acciones negligentes en esa muerte, estamos hablando de penalidades que van hasta los diez años“, acotó el fiscal.
Entre las consecuencias del bloqueo, se cuentan además, que 14 vuelos sufrieron demoras, uno se canceló y 2400 pasajeros de la aerolínea Latam se vieron afectados.
