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Hospital deberá pagar millonaria indemnización a trabajadora que desarrolló cáncer vesical
Publicado por: Hermes Domínguez
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Unánime fue el fallo de la Corte Suprema que condenó al Hospital Experimental Padre Hurtado a pagar una millonaria indemnización a extrabajadora, quien adquirió enfermedad profesional por contacto con agentes cancerígenos.

En total, $28.973.819 deber√° desembolsar el centro asistencial para compensar el da√Īo causado a la tecn√≥loga m√©dica Virginia Elizabeth Duclos D√≠az de la Vega, luego de establecer la responsabilidad del hospital por no mantener las condiciones de seguridad y salubridad que protegieran la vida y salud de la profesional, que desarroll√≥ c√°ncer vesical.

Seg√ļn lo dictado por la Tercera Sala del m√°ximo tribunal, la indemnizaci√≥n se desmenuza en $3.973.819 por da√Īo emergente y $25 millones por da√Īo moral.

‚ÄúEl empleador se constituye en deudor de seguridad de su personal, lo cual significa exigir la adopci√≥n de todas las medidas correctas y eficientes destinadas a proteger su vida y salud“, sostiene el fallo.

En este plano, agrega que “la disposici√≥n que envuelve el apotegma rector en materia de obligaciones de seguridad del empleador, en armon√≠a con el art√≠culo 68 de la ley N¬į 16.744, pone tambi√©n de cargo del empleador probar el acatamiento de este deber legal de cuidado si el accidente ha ocurrido dentro del √°mbito de actividades que est√°n bajo su control”.

La resoluci√≥n a√Īade que el hospital ‚Äúno cumpli√≥ con proporcionar un lugar de trabajo que protegiera la vida y salud de la actora, porque pese a que en las labores desplegadas en el Laboratorio de Anatom√≠a Patol√≥gica significaban que aquella estuviera en contacto con agentes cancer√≠genos, no mantuvo un sistema de ventilaci√≥n adecuado‚ÄĚ.

Virginia ingresó a trabajar al Hospital Experimental Padre Hurtado en junio de 2007, incorporándose a la unidad de anatomía patológica. En junio de 2009 fue diagnosticada con cáncer vesical y una patología psiquiátrica. Ambos diagnósticos fueron calificados de origen laboral en octubre de 2012 por la Superintendencia de Seguridad Social.

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