Un preinforme confidencial elaborado por la Contraloría y emitido el 13 de junio de este año detectó una serie de irregularidades en los gastos de recursos correspondientes a la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), los que están destinados a los estudiantes más vulnerables de la comuna de Providencia.

Según el preinforme de Contraloría, se estableció el egreso de $2.740 millones, los que no quedaron registrados, consigna La Tercera.

El organismo también señala que el Mineduc asignó $2.685.317.518 al municipio por FAEP, de los cuales la corporación invirtió $834.587.624, sin acreditar que ocurrió con los $1.850.729.894 restantes.

Pero la falta de registros no es el único problema que enfrenta la anterior gestión, ya que mediante la investigación se estableció que existe una serie de gastos que sí aparecen en los registros, pero que fueron objetados por el organismos contralor, ya que no tienen ninguna relación con mejoras en materia de educación.

Entre los gastos realizados está la entrega de tarjetas gifs a los funcionarios por un monto total de $107.385.600 para compra de vestuario y calzado, de ese total $69.289.320 se financiaron con recursos FAEP.

En el registro también aparece la compra de cajas de regalo y detalla que “la Corporación de Desarrollo Social de Providencia pagó con cargo al FAEP la factura de $ 23.049.996 por la compra de 1.500 cajas de regalo que incluían seis copas para vino y dos cuchillos de cerámica”

Asimismo también está el gasto de $14 millones en una fiesta corporativa, la que según el ente contralor “no se ajusta a ninguna de las actividades financiables por el convenio y no fue acreditado el carácter educativo que habría tenido dicha actividad, como tampoco se proporcionó el listado de asistentes al evento que permitiera validar su finalidad”.

Además, con los mismos recursos dirigidos para educación se financió un paseo de fin de año con habitaciones para 250 personas y con alimentación incluida, lo que habría sido parte de una jornada de educación.

La diligencia de Contraloría también cuestiona desórdenes administrativos como el pago a proveedores por 291 millones, los que no estarían acreditados, la remuneración de empleados sin un registro y el manejo de una cuenta corriente única para el manejo de fondos SEP y FAEP, pese a que se exige el manejo por separado.

La investigación del organismo surge tras la denuncia de la actual alcaldesa de la comuna, Evelyn Matthei, quien acusa que durante al administración anterior se registró una pérdida de $2.881 millones provenientes de subvenciones del Ministerio de Educación, los que no fueron rendidos ni tampoco aparecen en las cuentas del municipio.

Ante esto, Matthei también presentó una denuncia a la Fiscalía por eventual malversación de caudales públicos contra dos funcionarios de la gestión de Errázuriz, se trata del exsecretario general de la corporación, Enrique Martínez y el exdirector de Educación y miembro de Revolución Democrática, Mariano Rosenzvaig.