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Justicia ordena seguir investigación por homicidio en comisaría de San Joaquín en 1977
Publicado por: Piangella Obrador
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La Corte Suprema acogió un recurso de casación y ordenó seguir instruyendo la investigación por el homicidio de Enrique González Cerda, ocurrido el 27 de abril de 1977 en San Joaquín, por constituir un delito de lesa humanidad.

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal acogió el recurso de casación contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel que aprobó el sobreseimiento de la acción penal.

La sentencia considera que el homicidio de Gonz√°lez al interior de la 50¬į Comisar√≠a de Carabineros de San Joaqu√≠n, es un delito de lesa humanidad y se enmarca dentro de un ataque sistematizado a la poblaci√≥n civil por parte de agentes de Estado.

“Como reiteradamente ha se√Īalado esta Corte y recoge acertadamente el recurso, se denominan cr√≠menes de lesa humanidad aquellos injustos que no s√≥lo contravienen los bienes jur√≠dicos com√ļnmente garantizados por las leyes penales, sino que al mismo tiempo suponen una negaci√≥n de la personalidad moral del hombre, de suerte tal que para la configuraci√≥n de este il√≠cito existe una √≠ntima conexi√≥n entre los delitos de orden com√ļn y un valor agregado que se desprende de la inobservancia y menosprecio a la dignidad de la persona”, precis√≥ el fallo.

La resoluci√≥n indic√≥ que “estamos frente a un ataque indiscriminado, que no exige que la v√≠ctima haya tenido una militancia pol√≠tica u opci√≥n pol√≠tica definida, o que el delito se haya cometido a causa de tal militancia u opci√≥n pol√≠tica de la v√≠ctima, lo cual supone que la propuesta de nulidad deriva de la consideraci√≥n que el r√©gimen imperante a la √©poca de la muerte del ofendido, correspondi√≥ con una pol√≠tica estatal de control que autoriz√≥ a los agentes del Estado para detener, afectar la integridad e incluso privar de la vida a los ciudadanos”, sentenci√≥.

Adem√°s, el documento detalla que los agentes estatales fueron absueltos el 10 de diciembre de 1980 de estos cargos, lo que coloca de manifiesto que “su actuar al menos cont√≥ con el benepl√°cito o tolerancia de los responsables de dise√Īar e implementar esta pol√≠tica estatal de control del orden p√ļblico”.

El fall√≥ enfatiz√≥ que los hechos indagados se han producido en virtud de una pol√≠tica estatal de represi√≥n y control ejecutada al margen de toda consideraci√≥n por la persona humana, amedrentando a la poblaci√≥n y otorgando una garant√≠a de impunidad que el mismo r√©gimen gener√≥ ante las responsabilidades penales y de todo orden, de manera que ellos no pueden ser calificados en modo alguno como un comportamiento negligente y menos de car√°cter com√ļn.

Por esta razón, se revocó la resolución del 29 de julio de 2016 donde se sobreseyó definitivamente esta causa por prescripción de la acción penal y, en su lugar, se repone la causa al estado de sumario para que un juez no inhabilitado disponga la práctica de las diligencias solicitadas.

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