Este martes el fiscal nacional Jorge Abbott abrió un sumario contra José Luis Pérez Calaf, fiscal regional que otorgó una salida alternativa y le evitó el juicio oral a uno de los más altos ejecutivos de KDM, Fernando León, quien estaba imputado por fraude al fisco y soborno de autoridades para ganar la licitación de la basura en la comuna de Maipú el año 2001.

Abbott, hasta donde se sabía, pretendía determinar si existía responsabilidad administrativa de Pérez Calaf a raíz de una presunta omisión en su actuar, al no pedir el debido informe técnico de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional para visar el acuerdo del Ministerio Público y el ejecutivo de KMD, tal como se lo exige su función.

Fuentes de Radio Bío Bío dieron a conocer esta tarde que la situación que enfrenta el persecutor sumariado es mucho más grave, pues no solamente se va a investigar esta presunta omisión, también se pretende aclarar un hecho que podría constituir delito del fiscal, lo que abre la puerta a responsabilidades penales y ya no administrativas.

Pérez Calaf habría omitido un delito cuando presentó el acuerdo ante la jueza Soledad Orellana: los cargos versaban sobre dos delitos de fraude al fisco y uno de cohecho (lo que llevaba la posible pena a los 10 años) y en la audiencia el fiscal sólo habría dado cuenta de un sólo delito de fraude.

Otras fuentes cercanas a la defensa del ejecutivo de KDM, indicaron que lo anterior se debe a que se trata de delitos reiterados, por ello no se habla de dos. Sin embargo, la reiteración también constituye una agravante de la pena de la cual habría que haber dado cuenta.

Complicada situación de Pérez Calaf, que deberá aclarar su colega, el fiscal Manuel Guerra, quien está a cargo del sumario y quien deberá escuchar toda la audiencia para determinar en los próximos días las responsabilidades que existan.

Cabe recordar que el acuerdo de la Fiscalía y el ejecutivo supone un pago de 26 millones de pesos al fisco y la instalación en la comuna de Maipú de una planta de reciclaje de 206 millones. Acuerdo al cual el municipio apeló, por lo que aún no tiene confirmación.

Lo anterior, a pesar de lo dicho por la defensa de Fernando León, que hoy insistió en que este acuerdo ya fue aprobado por un tribunal y que este sumario y su eventual responsabilidad administrativa constituye un proceso paralelo que no puede tener consecuencias para su cliente.