La justicia civil rechazó una de las dos excepciones dilatoria que presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE), tras la demanda que interpuso la Universidad Católica por los dineros que no recibieron del Aporte Fiscal Indirecto.
En cuanto a la solicitud de incompetencia, el tribunal decidió postergar su pronunciamiento hasta dictar la sentencia.
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El pasado martes, el vigésimo primer juzgado civil de Santiago, se pronunció sobre las excepciones dilatorias que presentó el Consejo de Defensa del Estado, tras la demanda que interpuso la Universidad Católica, al no recibir este año los $1.700 millones por concepto del Aporte Fiscal Indirecto (AFI).
En el escrito presentado por la abogada Irma Soto, en representación del fisco, se argumenta que la demanda debe ser vista por el Tribunal Constitucional y solicita la incompetencia del vigésimo primer juzgado civil de Santiago. Sin embargo, en su resolución el tribunal decidió postergar para después de la sentencia su pronunciamiento sobre este punto.
En cuanto a la otra excepción dilatoria, que dice referencia a la ineptitud de la demanda por la falta de algún requisito, el tribunal civil decidió rechazarla, ya que a su jucio el libelo es claro en sus fundamentos de hecho y derecho.
Ahora el CDE puede apelar de estas resoluciones o abocarse al fondo y contestar la demanda realizada por la Universidad Católica.
El conflicto por los dineros del Aporte Fiscal Indirecto se instaló luego que se aprobará la Ley de Presupuesto para este año, donde el Gobierno decidió terminar con el AFI por considerar que era política regresiva y discriminatoria, ya que favorecía a las universidades que lograban matricular a los 27 mil 500 mejores puntajes de la Prueba de Selección Universitaria.
Sin embargo, estos dineros fueron redistribuidos en el resto de las universidades del Consejo de Rectores que recibían el AFI, con excepción de la Universidad Católica, lo que la llevó a demandar al Estado
