Sixto González, concejal por Talca, presentó una denuncia ante la Contraloría Regional del Maule, pidiendo que se indague el proceso licitatorio para la adquisición de cajas de alimentos, indicando presuntas irregularidades.
En ese sentido, González, señala que esas irregularidades habrían beneficiado a un solo proveedor en —al menos— tres compras y, además, que dicho distribuidor carecía de giro comercial para la venta de alimentos, según recogió Diario El Centro.
Además, indicó que las compras al mismo proveedor corresponden a la adquisición de canastas avaluadas en $1.500 millones en abril. Luego de ello, se registró la compra directa por alrededor de $550 millones durante junio, destinadas a Curicó. Posterior habría una tercera adquisición por $840 millones con fecha al 18 de julio.
A su vez, en el oficio presentado señala que el proveedor carecía de actividades tributarias para la venta y distribución de alimentos, hasta el 15 de julio del 2020, es decir, cuando ya se habrían realizado dos ventas en fechas distintas y a tan solo tres días de adjudicar una tercera venta, según da cuenta el Servicio de Impuestos Internos (SII) al consultar las actividades económicas vigentes.
“Ese giro para poder vender alimentos solo lo viene a obtener tres días antes de la última compra, es decir, ya se le habían adjudicado cerca de dos mil millones de pesos sin tener el giro de comercio de alimentos. Solo algo menor en banquetería. Él se dedicaba en realidad a vender artículos de ferretería, aires acondicionados y cosas menores, pero no para la comercialización de alimentos a gran escala” aclaró González.
Gobierno responde
Al respecto se refirió Jorge Guzmán, seremi de Gobierno, quien fue enfático en señalar que todos los procesos licitatorios se han realizado en base a la ley de probidad y, además, también han procurado fiscalización permanente de la Contraloría Regional del Maule para garantizar transparencia.
“Desde nuestra perspectiva no existiría ninguna irregularidad, sin perjuicio que quien hace el pronunciamiento final siempre es la Contraloría Regional o Contraloría General de la República” recalcó Guzmán.
Agregó que “así como el concejal está muy preocupado por la legalidad del proceso, nosotros también lo estamos, porque la verdad que hoy día con la fe pública y los recursos públicos, no se puede especular”.
“En las 125 mil (cajas) finales, son cuatro proveedores que están distribuidos por provincia y todos debidamente validados, respaldados con proceso de compras públicas en virtud de la ley de compras y el reglamento. No hay nada oculto, ni nada que esté fuera del protocolo, y esperamos que el pronunciamiento de Contraloría sea en ese tenor”, sostuvo.
