Una gran sorpresa se llevaron los detectives que estaban de turno la mañana del lunes en las oficinas de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco), ubicadas en el tercer piso del edifico de la Prefectura Regional de la PDI, en calle 3 Oriente, entre 1 y 2 Norte, en Talca.

Esto luego de que, en forma sorpresiva, Gino Alonso Sánchez Cancino acudiera literalmente a entregarse a dicha unidad policial, tras ser notificado de que era buscado por los detectives antinarcóticos. Así en el cuartel de la PDI, fue notificado de que tenía una orden de detención pendiente, emitida por el Juzgado de Garantía de Talca.

En ese momento se procedió a trasladar al detenido a los calabozos, dando paso al registro de sus vestimentas. Allí los detectives se dieron cuenta que el sujeto portaba una caja de zapatillas, en cuyo interior había clorhidrato de cocaína.

Se trataba de dos bolsas de plástico con un polvo blanco que arrojó positivo al peritaje de cocaína, con peso bruto de 13,12 gramos y 2,98 gramos. Los detectives, por tratarse de un delito flagrante y en coordinación con la fiscalía, se dirigieron al domicilio del detenido, ubicado en la Villa Mantos del Río, en Talca.

Allí se registró la vivienda, determinando que en la habitación del detenido había un estuche para lentes, en cuyo interior se encontraron otras dos bolsas de plástico con un polvo blanco similar. El peso bruto -según datos de la PDI- correspondió a 9,36 gramos y 38,52 gramos, cuyo peritaje arrojó que también se trataba de cocaína.

A la justicia

En audiencia judicial, la fiscal, Gabriela Vargas, presentó cargos criminales contra Sánchez Cancino, por tráfico de drogas en pequeñas cantidades, por cuanto sostuvo que en el domicilio se encontraron otras bolsas de plástico, aunque sin droga, presumiendo así que eran para dosificación y venta.

La persecutora subrayó que el imputado registra dos condenas previas por el mismo delito, fechadas los años 2017 y 2018, de las cuales, una de ellas todavía está cumpliendo con una pena sustitutiva, por lo cual, a la fecha tiene un aparato telemático que registra sus movimientos y que es fiscalizado por Gendarmería.

En contraparte, la abogada, Alexandra Acevedo, de la Defensoría Penal Pública, sostuvo que no existen indicios concretos para configurar el tráfico de drogas y pidió la libertad del imputado. El juez, Humberto Paiva, del Juzgado de Garantía de Talca, decretó el ingreso del imputado a la cárcel por constituir un peligro para la seguridad de la sociedad.