Una investigación de Contraloría Regional del Maule al interior de la Municipalidad de Villa Alegre fue dejando al descubierto una serie de situaciones irregulares, las que podrían incluso constituirse en actos delictivos.

Todo se origina con la realización de un sumario administrativo por parte de Contraloría, cuyos resultados fueron notificados durante los primeros días del mes de octubre a los involucrados. En la ocasión se determinó la responsabilidad administrativa y civil de varios funcionarios, entre ellos el alcalde Arturo Palma y la directora de Organizaciones Comunitarias, Viviana Sanhueza, consigna Diario El Centro.

Es precisamente esta última persona quien recurre a la justicia, ya que la investigación sumarial de Contraloría la responsabiliza de firmar decretos de pago de honorarios de Jeannette Bravo González y Edgardo Bravo Rebolledo, hija y padre respectivamente, ambos funcionarios del Cesfam de Villa Alegre, sin la documentación previa de respaldo que se exige para el procedimiento administrativo. Todo esto, en circunstancias de haber estado desempeñando la función de alcaldesa subrogante.

Es por este motivo que Viviana Sanhueza presentó una querella contra quienes resulten responsables, alegando que su firma fue falsificada.

A la querella criminal anteriormente descrita, se suma una segunda acción similar ante la justicia, esta vez de parte del propio Municipio de Villa Alegre. Esto, porque a raíz de una investigación interna, se detectó que decretos de pago contenían una rúbrica que no correspondía a la del alcalde de dicha comuna, Arturo Palma Vilches.

Por esta razón, el abogado Leopoldo Herrera, en representación de la Municipalidad de Villa Alegre, presentó ante el Juzgado de Garantía de San Javier una “querella criminal por el delito de falsificación de rúbrica en documento público, en contra de todo aquel que resulte responsable”.

Según los antecedentes que constan en la presentación de la acción judicial, se trataría de tres decretos, entre 2013 y 2014, por pagos de $1.651.500, otro de $13.484.713 y un último por $12.502.292.

De acuerdo a la presentación ante la justicia, “estos tres decretos contienen una rúbrica que no corresponde a la del alcalde, Arturo Palma Vilches, siendo falsificada por otra persona, de la cual se desconoce su identidad”.