En una extensa resolución de 30 páginas que tuvo carácter unánime, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Talca resolvió acoger un recurso de protección entablado por la Constructora Independencia S.A., en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda del Maule.

Ello significó que el máximo tribunal regional dejó sin efecto un decreto firmado en septiembre de 2016 por el entonces seremi de Vivienda, Rodrigo Sepúlveda, donde se sancionó a la empresa por fallas constructivas en el proyecto de “Fachada Continua”, consignó Diario El Centro.

Se trata de la reconstrucción de 111 viviendas que resultaron con daños estructurales debido al terremoto del 27/F. La medida aplicada por dicha autoridad fue la eliminación de la Constructora Independencia del Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda, sanción que se amplió a sus ejecutivos y a todo el directorio.

Pero en términos prácticos, dicha resolución nunca ha sido aplicada a la fecha, por cuanto la empresa presentó un recurso ante el nivel central del Ministerio de Vivienda. Tras ello, la actual ministra, Paulina Saball, se inhibió de conocer dicho recurso estando pendientes acciones legales.

Al respecto, el actual seremi de Vivienda, Rodrigo Olivares, sostuvo que “somos respetuosos de lo que la justicia decide. Atendemos que son procesos normales, por lo cual, no tenemos mayores comentarios. Hay un proceso de apelación que lo hará el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en nuestra representación”.

La autoridad subrayó que “queremos que el próximo invierno sea distinto para esas familias. Ese es nuestro compromiso”. Por su parte, la empresa emitió un comunicado señalando que el fallo “viene a hacer justicia respecto de la ilegalidad y arbitrariedad de la actuación del ex seremi de Vivienda, Rodrigo Sepúlveda”.

En fecha reciente, la Seremi de Vivienda anunció la reparación total de 40 viviendas del barrio Santa Ana de Talca, bajo el programa de protección del patrimonio familiar. Ello permitirá superar fallas estructurales que se han traducido en humedad en las casas, inundaciones con aguas servidas y mal emplazamiento de los terrenos. La inversión total es de 43 mil UF, que son alrededor de 1.100 millones de pesos.