El juzgado de Garantía de Talca decretó prisión preventiva para 15 imputados por narcotráfico en el sector norte de la ciudad.
Tres horas duró la audiencia de lectura de resolución de medidas cautelares, por el caso de los 35 imputados en el operativo que detuvo a dos bandas de narcotraficantes, que se disputaban a tiro el control del sector norte de Talca.
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Según informó el medio El Centro, los fiscales Francisco Soto y Ángel Ávila, se tomaron 14 días en formalizar la investigación. De esta forma, luego de escuchar también a ocho abogados defensores, el juez, Víctor Rojas, del Juzgado de Garantía de Talca, anunció su determinación.
Líderes de las bandas
Tanto Pamela Loyola como Gabriel Gutiérrez, apodado “El Morocho”, quedaron en prisión preventiva junto a sus brazos operativos. Del total de imputados, 11 recibieron la misma medida por asociación ilícita, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas. Los cuatro restantes son menores de edad.
Otros 11 imputados quedaron con medidas cautelares de arraigo nacional y firma periódica, además de cuatro casos de personas que quedaron temporalmente detenidas, a la espera que la Corte de Apelaciones de Talca emita un pronunciamiento definitivo.
El fiscal Soto señaló al medio que “se dio por acreditada la existencia de una asociación ilícita respecto de dos grupos delictuales, cuyos líderes y quienes forman el denominado “núcleo duro”, quedaron con medidas cautelares de mayor intensidad”.
Diligencias pendientes
También explicó que existen 35 diligencias pendientes, entre ellas, la transcripción de las 334 grabaciones telefónicas expuestas en las audiencias; levantamiento del secreto bancario de todos los imputados y audiencia de reformalización para Pamela Loyola.
Con respecto a los menores de edad, solicitará un oficio al Servicio Nacional de Menores (Sename) para solicitar medidas de protección a favor de dos menores de 11 y 12 años, utilizados por estas bandas.
Defensa de los acusados
Iván Gómez, abogado defensor particular de Pamela Loyola y sus familiares más cercanos, cuestionó que el juez haya certificado la formalización por asociación ilícita. Según dijo, se trata de “un grupo de personas que, como mucho, no cumplían estos requisitos. Una asociación ilícita pone en riesgo al Estado”.
Además, comparó las declaraciones de los fiscales con las guerrillas de narcotráfico de países como Colombia, señalando que el actuar de sus defendidos está muy lejos de esas asociaciones.
