Más de 20 de las 30 comunas en la región del Maule mantienen un procedimiento judicial abierto por presunto incumplimiento del Bono de la Subvención Adicional Especial (SAE), remuneración que reciben los docentes mensualmente. De proceder las demandas interpuestas en Tribunales por el Colegio de Profesores, los ediles pueden terminar tras las rejas.

Esta preocupación fue comunicada a Diario El Centro por el acalde de Pelarco, Bernardo Vásquez, quien es presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Maule. Expuso que algunos errores administrativos produjeron que algunos municipios cancelaran este beneficio en el sueldo base y no como una bonificación especial. Por tanto, no fue reconocido por el magisterio.

“Nosotros entendemos la protesta y es justa, pero no contamos con recursos suficientes para cancelar estas deudas. Si tomamos dinero del Fondo Común Municipal, no tendremos cómo pagar los servicios públicos y demás beneficios que otorgamos a la ciudadanía”, explicó con un tono de preocupación.

Este bono está destinado a financiar aumentos en las remuneraciones de los profesores como parte de acuerdos logrados entre el Estado y el Magisterio de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 19.410. Los recursos son proporcionados por el Estado.

La deuda en la región asciende a 10 mil millones de pesos. Entre las comunas que cuentan con las cuotas más altas de insolvencias están Talca, Constitución, Rauco y Pencahue.

Reunión trascendental

Vásquez, junto a otros ediles, se reunieron con la ministra de Educación, Adriana Delpiano, y con el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, en función de producir una estrategia que les permita salir de los problemas económicos.

Según el edil, la solución está en la intervención del Ministerio de Educación en el conflicto, a través del financiamiento mediante acuerdos de pagos con el Colegio de Profesores. Considera que este es problema es nacional y extiende la discusión del proyecto de desmunicipalización para que el Estado mejore la administración en los establecimientos educacionales.

“Acá hay dos vertientes. Declaramos los municipios en quiebra o vamos presos. Por ello, requerimos con urgencia la ayuda del Ministerio a los fines de convocar una mesa de trabajo con el Colegio de Profesores y programar convenios de pago a corto o mediano plazo”, opinó Vásquez.

De lo que concluya el cónclave, se determinará el futuro político de los ediles de la mayoría de los municipios del Maule.

Tribunales como última instancia

El secretario regional del Colegio de Profesores, Christian De La Fuente, sentenció que los docentes fueron obligados a proceder en medidas judiciales por la presunta omisión de los ediles a sus constantes solicitudes de pago. Indicó que en algunas comunas, las deudas se mantienen desde hace cinco años.

“Llevamos el caso a instancias judiciales porque las municipalidades no quisieron reconocer las insolvencias. Existen muchos casos donde nuestros docentes no han recibido el dinero del beneficio desde su promulgación. Entonces, cuando no hay acuerdos entre las dos partes, tiene que haber un tercero para que sea el juez, y en todos los casos, los Tribunales han fallado a nuestro favor”, denunció el dirigente gremial.

En ese sentido, cuestionó el destino del dinero enviado por el Estado bajo este concepto, por vía de Leyes de financiamiento, el cual no llegó a las cuentas de los docentes. Además, añadió que el incumplimiento de estos pagos ha perjudicado el promedio salarial de pensión por jubilación.

“Es necesario que nos sentemos en una mesa junto al Ministerio Educación y la Contraloría, con el fin de que asuman sus responsabilidades en el procedimiento de fiscalización. No estamos negados a dialogar, pero pedimos justicia. Esto muestra que es necesaria la desmunicipalización para evitar estos problemas administrativos de los municipios en la educación”, finalizó De La Fuente.