Tal como lo anticiparon los más escépticos, los trabajos de construcción de la Fiscalía local de Talca y de la prefectura provincial de la PDI en Linares quedaron definitivamente paralizados, al menos durante dos o tres meses más, luego que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) terminara anticipadamente ambos contratos.

La medida afecta a la empresa constructora Ingeproc SpA, entidad privada que desde mediados del año pasado ejecutaba ambos proyectos, con un multimillonario presupuesto, según publica diario El Centro.

Incluso, en fecha reciente, la misma compañía había ganado la licitación para construir el nuevo edificio de la Dirección Regional del Registro Civil en Talca.

Pero ahora todo quedó sin efecto, según confirmó Gustavo de la Fuente, director regional de Arquitectura del MOP. El primer indicio de que la empresa estaba en una severa crisis fue cuando dejó de pagar los sueldos a sus trabajadores en Talca y Linares durante febrero, desatando gran molestia e indignación.

Boletas de Garantía

No era la primera vez, porque durante el invierno del año pasado ocurrió algo similar, aunque en aquella ocasión, la empresa culpó al MOP. Pero ahora fue distinto, porque fue el MOP quien salió en salvataje de los trabajadores, adelantando un estado de pago con fondos del proyecto para cancelar las remuneraciones.

Todo ello se ejecutó sin pasar por la empresa, sino a través de la Dirección Provincial del Trabajo. Pero justo después, cuando el MOP y la empresa estaban en negociaciones, la compañía optó por finiquitar a sus 49 trabajadores que estaban activos. Posteriormente, la secretaría de Estado terminó anticipadamente ambos contratos.

Gustavo de la Fuente señaló, en todo caso, que dicha resolución debe ser aprobada por la Contraloría Regional del Maule, para luego dar paso al cobro de las boletas de garantía. En el intertanto, explicó que ambos edificios deberán ser custodiados a costo de los mandantes, hasta que se retomen las faenas de construcción.

Reasignación directa

La situación no pasó inadvertida para el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, quien dijo ayer miércoles –en su vista a Talca- que no se puede aceptar que haya un caso en que la empresa que trabaja con el ministerio no le pague a sus trabajadores. Por esta razón, confirmó que se ha dispuesto la liquidación de los contratos.

“Se ha dispuesto, también de los descuentos y las distintas garantías para obtener los recursos para pagarle a los distintos trabajadores e inmediatamente la Contraloría dé la toma de razón a la liquidación de estos contratos, se buscará la reasignación para terminar las obras”, dijo.

Undurraga agregó que la fórmula para dar curso a los trabajos restantes será mediante una asignación directa. “Haremos una cotización entre las distintas empresas que estén interesadas para cuanto antes retomar las obras”, sostuvo.

Según estimaciones, todos los trámites se podrían prolongar por dos o tres meses.

Millonarias obras

Un 61% de avance alcanzó a tener la construcción del edificio de la Fiscalía local de Talca, por un monto de $3.300 millones. En el caso de la PDI de Linares, el proyecto está avaluado en $3.600 millones y presenta severos retrasos. A su vez, el proyecto del Registro Civil era por $3.127 millones.

Un dato anexo es que las boletas de garantía son por el 10% del total de los proyectos.

Gustavo de la Fuente explicó que, luego que Contraloría Regional tome razón del decreto de término anticipado a los contratos, se debe notificar a la empresa e instalar una comisión que liquidará ambos convenios.

En el caso del Registro Civil de Talca, explicó que la empresa nunca llegó con la boleta de garantía, por lo cual, su oferta quedó nula.