Tras un extenso interrogatorio al ex alcalde de Talca, realizado ayer en la fiscalía de esta ciudad, el Ministerio Público decidió pedir audiencia de formalización contra Juan Casto por un nuevo delito, esto es, malversación de fondos públicos, todo en el contexto del denominado Caso CTS.
Se trata de una investigación que comenzó por denuncia de la Contraloría Regional y querella del abogado Fernando Leal, ex candidato a alcalde por Talca. Allí se indagan los nexos entre el ex jefe comunal y la empresa de transportes CTS, cuyo conglomerado económico ejecuta actualmente la limpieza y barrido de calles en Talca.
La fiscalía imputó a Castro por cohecho y negociación incompatible, pero el primer delito fue declarado prescrito, quedando siempre el ex alcalde bajo arraigo nacional. Pero la investigación no terminó, ya que ahora dio paso a una nueva arista investigativa, pero con un delito mucho más grave y que incluso está sancionado con pena aflictiva.
París e Italia
Así lo indica el escrito que pide la audiencia, firmado por el fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente, apuntando al artículo 233 número 3 del Código Penal. Allí se sanciona al empleado público que “teniendo a su cargo caudales o efectos públicos los sustrajere”, con una pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio, más una multa.
Ello significa siete años de cárcel, aunque la condena dependerá de circunstancias atenuantes y agravantes. Los hechos se refieren a un viaje que Juan Castro realizó el año 2011 a España, con fondos municipales, pero que también incluyó París e Italia. Las versiones señalan que ese cambio en el itinerario no habría tenido justificación.
Las fuentes agregaron que el viaje a España fue coordinado por una cámara de comercio de dicho país, pero que la ampliación no tendría respaldo. Incluso apuntan a que, a su llegada al aeropuerto de París, Castro fue recibido por el propietario de una de las empresas que, luego, se ganó la licitación de recolección de basuras domiciliarias en Talca.
Defensa y querellante
Al respecto, las reacciones no se dejaron esperar. El abogado Mauricio Jorquera, quien defiende a Juan Castro y lo acompañó ayer en el interrogatorio en la fiscalía, sostuvo que “el viaje a España fue autorizado por el Concejo Municipal. Lo que pasó es que una parte se suspendió, y la invitación se extendió a Roma y París”.
“Fueron dos días en cada ciudad, pero luego él volvió a Madrid y, de allí en adelante, retomó el itinerario original. El cambio fue también comunicado al Concejo Municipal. De todo ello constan los respaldos con correos electrónicos”, indicó. Subrayó que los restantes argumentos los informará en la audiencia de formalización.
En tanto, Fernando Leal comentó que “la investigación cada vez nos da más sorpresas. Hoy (ayer) nos enteramos de esta nueva formalización, por un delito que tiene una importante pena. Ello, sumado al hecho de que ha quebrantado la medida cautelar, nos hace pensar en discutir una medida más gravosa. No descartamos la prisión preventiva”.
Bodega en Linares
La audiencia del 23 de enero estaba originalmente pedida por la fiscalía para formalizar a Juan Castro por un nuevo delito de cohecho, referido a que una de las empresas de su propiedad le habría construido un galpón a CTS en la ciudad de Linares, en fecha contemporánea a que dicha compañía se ganó la licitación del barrido de calles en Talca.
Viaje a Colombia
El abogado, Mauricio Jorquera, defensor de Juan Castro, hizo ver que la denuncia por quebrantamiento de medida cautelar que realizó la PDI contra Juan Castro no fue motivo suficiente para que dicho tribunal ordenara una audiencia especial para discutir algún tipo de modificación del arraigo nacional que pesa sobre el ex alcalde.
Ello, advirtió Jorquera, en razón de que las circunstancias de que llegó a Chile media hora después de la fecha límite de suspensión del arraigo nacional no es mérito suficiente para agravar dicha cautelar. El viaje, autorizado bajo una fianza económica, tenía como destino Colombia, pero el retorno se efectuó a través de un cambio de vuelo en Panamá.
