En una sentencia de carácter inédita, el Tribunal Ambiental de Santiago condenó a la Sociedad Contractual Minera Tambillos (SCM Tambillos) a reparar el daño ambiental causado por el colapso del tranque de relave La Palmas, ubicado en la comuna de Pencahue, registrado durante el terremoto del 27/F, causando la muerte de una familia.
Los hechos ocurrieron durante el terremoto 8.8 de febrero del 2010, cuando el relave minero cayó cerro abajo destruyendo todo a su paso, incluyendo una casa donde vivía una familia -un matrimonio y sus dos hijos- que cuidaba un predio particular. Dichas muertes fueron investigadas llegando a un acuerdo entre la empresa y las víctimas.
El tranque de relave es parte de una antigua faena minera abandonada, propiedad de SCM Tambillos, continuadora y sucesora legal de la Sociedad Contractual Minera Las Palmas S.A., entre cuyos propietarios se encuentra el empresario, Francisco Javier Errázuriz Ovalle, hijo del ex senador, Francisco Javier Errázuriz Talavera.
Resolución de la Justicia
El fallo establece que hubo incumplimientos del programa de cierre del relave y manejo de residuos peligrosos por parte de la empresa, siendo causa directa y necesaria del daño al medio ambiente, por cuanto importan una omisión a la ejecución de obras y medidas destinadas a dar una solución definitiva a la situación.
El dictamen, en todo caso, rechazó la demanda -entablada por el propietario del terreno donde vivían las víctimas fatales y que quedó sepultado bajo el derrame del relave- respecto al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), por estimar que su accionar “ha sido oportuno y ejercida dentro de sus facultades legales”.
Así el Tribunal dictaminó un Programa de Reparación Ambiental (PRA) “con el fin de asegurar la estabilidad física y química del relave, recuperar los atributos dañados de los suelos afectados, lo que permitirá, adicionalmente, aminorar el riesgo para la seguridad y salud de las personas y el medio ambiente”, sostiene el fallo.
El plan de descontaminación contempla que la empresa propietaria del relave estudie la estabilidad del tranque y proponga medidas para evitar futuros derrames a raíz de sismos, además de asegurar la impermeabilidad de la carpeta que cubre el tranque con un sistema para la canalización de las aguas lluvias.
Otras medidas son controlar los riegos para la salud de la población aledaña y evitar el arrastre superficial por aguas lluvias del suelo afectado por el relave. Y en caso que se compruebe que el relave sigue afectando el medio ambiente, se ordena elaborar un proyecto de redisposición o reembalse con un posible muro de contención.
La última medida consiste en un plan de fitoestabilización con especies vegetales tolerantes a estos relaves y plantar una franja arbórea que mitigue el impacto del viento.
“Los plazos, duración, control de su ejecución, mantención y logro de los objetivos del programa serán aprobados por las autoridades ambientales”, finaliza la sentencia.
