Abogados defensores en la investigación de los llamados casinos ilegales denunciaron como una grave irregularidad que la Fiscalía haya permitido a la Asociación de Casinos y Juegos pagar por la custodia de las máquinas incautadas.

Fue el propio abogado del gremio quien admitió en una audiencia el pago del arriendo de los galpones donde se custodia la importante evidencia.

En riesgo podría estar la investigación de los llamados “casinos del pueblo”, la que fue formalizada el año pasado tras allanamientos en distintas ciudades del país, incluida Concepción, donde 19 personas fueron detenidas, seis de ellas cumpliendo desde hace un año la cautelar de arresto domiciliario total.

Así lo están advirtiendo abogados defensores, a partir de la revelación que hizo el representante de la Asociación de Casinos y Juegos, el exfiscal Carlos Gajardo, al indicar en una audiencia en el Juzgado de Garantía penquista que su cliente -querellante como víctima en la causa- es quien ha pagado el arriendo de las bodegas donde permanecen las 1.633 máquinas incautadas.

Con ese antecedente, la Asociación de Casinos respaldó la solicitud de la fiscal que lleva la causa, Pamela Lillo, pidiendo destruir las máquinas, a pesar de que ninguna ha sido periciada para determinar que se trate de máquinas de azar y no destreza, como sostienen las defensas de los imputados.

Para el abogado defensor Marcelo Villena, esa es una de las irregularidades que rodean a la investigación, sumándose ahora que sea la querellante quien tiene a su resguardo la evidencia de los supuestos delitos.

Este antecedente fue denunciado en una presentación al fiscal nacional Ángel Valencia, tal como lo señaló otra de las defensas, el abogado César Irribarra, subrayando en que esta situación se podría traducir en la violación de la cadena de custodia de las máquinas.

En un oficio firmado por la secretaria ejecutiva de la Fiscalía Regional del Bío Bío, Ximena Hassi, se admitió que fue la fiscal Lillo quien accedió a que fuera la Asociación de Casinos la que proporcionara la custodia de la evidencia.

Asimismo, a una consulta de Radio Bío Bío, se agregó que en la medida no existe infracción legal ni reglamentaria.