Concluyó en el Tribunal Oral de Concepción, región del Bío Bío, la entrega de la prueba en el juicio contra una red que se dedicaba a la trata de personas para la explotación sexual y que fue desbaratada por la Fiscalía y la PDI.

En la causa están acusadas ocho personas, todas de nacionalidad venezolana y colombiana, excepto una chilena que también integraba el grupo, el que según el Ministerio Público tendría vínculos con el Tren de Aragua.

Carlos Concha, el abogado de los principales imputados, Luis Franco y su pareja Mary Colmenares, confirmó el inicio de los alegatos de clausura este lunes, etapa que se extenderá hasta la próxima semana, debido a la cantidad de intervinientes.

El grupo trasladaba mujeres desde Venezuela y Colombia, siendo internadas ilegalmente en Chile para que ejercieran el comercio sexual en el Gran Concepción.

Los acusados enfrentan cargos por trata de personas, narcotráfico, asociación ilícita y porte de armas prohibidas, arriesgando el presidio perpetuo como pena.