El lunes debería zanjarse el futuro de la fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, cuando la Corte Suprema revise el requerimiento presentado por un grupo de diputados que piden su destitución al frente del Ministerio Público.
Lo que denuncian los parlamentarios es una supuesta negligencia en la que habría incurrido la persecutora al investigar varias causas, entre ellas el caso Tomás Bravo y Sergio Mardoff. En ambos casos no se logró determinar responsabilidades en las muertes.
Tras recopilar la ministra María Soledad Melo los antecedentes sobre los cuales se funda la acusación, se fijó para el próximo 28 de agosto la audiencia en la que el Pleno de Ministros del máximo tribunal resolverá si la fiscal Cartagena se mantiene o no en su cargo.
De acuerdo a la Constitución, la remoción de un fiscal regional sólo procede si es votada a favor por la mayoría de los ministros en ejercicio de la Corte Suprema.