CONTEXTO | Agencia UNO

Parte juicio contra militar que disparó a transeúnte durante estallido social en Concepción

Publicado por Manuel Cabrera
La información es de Fabián Polanco

08 junio 2023 | 15:41

Se dio por iniciado el juicio contra el militar que le disparó a un transeúnte con una escopeta antidisturbios durante el estallido social en Concepción, región del Bío Bío.

Partió el juicio por violación de derechos humanos contra el funcionario del Ejército investigado y acusado por el disparo a un transeúnte en Concepción, región del Bío Bío, en medio del estallido social en octubre de 2019.

En la primera audiencia la Fiscalía, los querellantes y la defensa del sargento Héctor Herrera adelantaron las pruebas y argumentos que entregarán al Tribunal Oral.

Se trata de uno de los casos emblemáticos por la actuación de personal uniformado contra civiles, tras iniciado el estallido social en Concepción.

El disparo que recibió el transeúnte Gastón Santibáñez de parte del sargento del Ejército, Héctor Herrera, se conoció a nivel a nacional a raíz del video subido a las redes sociales.

Esa conducta fue investigada como apremios ilegítimos por el fiscal Nelson Vigueras, quien con su alegato de clausura abrió el juicio en el que se acusa al uniformado, subrayando en la indefensión bajo la cual se produjo las lesiones gravísimas a la víctima.

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Gastón Santibáñez, quien quedó incapacitado de por vida debido al disparo con la escopeta antidisturbios, no estuvo en la primera audiencia, siendo representado por el Instituto de Derechos Humanos y por el Consejo de Defensa del Estado, querellantes en la causa.

La abogada de este último organismo, Brenda Torres, subrayó en que si bien el día de los hechos regía el Estado de Excepción, el acusado tenía por obligación como una situación de normalidad los derechos de las personas.

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Tal como lo había adelantado hace unos días el defensor privado, abogado Humberto Alarcón, se pedirá al Tribunal Oral aplicar la Ley Naín Retamal y absolver a Héctor Herrera, pero además señalando ante los jueces que su cliente lo único que hizo fue reducir a alguien que se resistió a una fiscalización.

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El sargento de Ejército arriesga hasta 12 años de cárcel, la solicitud de pena que pide el Ministerio Público.