A más de un año que el Ministerio Público formulara cargos contra los efectivos de la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz, región del Bío Bío, Edmundo Muñoz, Eduardo Machuca, Jaime Mora y Matías Arévalo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) amplió la querella inicial que perseguía solo a quienes resulten responsables por la brutal golpiza ocurrida durante el estallido social.

Ahora, con todos los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa, el organismo se querelló e identificó con nombre y apellido a los cuatro imputados por golpear al manifestante Ignacio Matus, pero manteniendo el cargo por apremios ilegítimos, menos grave que las torturas que persigue la Fiscalía y el Instituto de Derechos Humanos.

En ese sentido, la directora del INDH, Carola Chang, lamentó que el Consejo no se sumara en la calificación jurídica de los graves hechos.

La defensa del suboficial Muñoz, el abogado Fernando Grandón, descartó que la ampliación de la querella pueda ser un revés, pues subrayó que el Consejo si bien identificó a su cliente, mantiene la acción legal contra otros responsables, lo que va en línea con su hipótesis, en cuanto a que la golpiza no fue propinada por quienes detuvieron a la víctima sino por otros al interior de la comisaría.

Actualmente el caso está con el plazo de investigación agotado, por lo que la abogada Romina Toro, que representa a la víctima, espera que el Ministerio Público pronto presente la acusación y vayan a juicio.

Ignacio Matus fue detenido el 21 de octubre de 2019, y a pesar de haber sido agredido físicamente, fue denunciado por Carabineros por porte ilegal de armas, cargo finalmente desechado por la Fiscalía.